Organizaciones de infancia y derechos humanos piden que se apruebe la designación de Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes

fue elegida después de un largo concurso que supervisó una comisión bilateral del Congreso. Se trata de la abogada Marisa Graham, quien ya tiene el voto de Diputados, pero en el Senado su confirmación se dilata. Mientras tanto, la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país vive bajo la línea de pobreza y tiene sus derechos vulnerados. 

La oposición más férrea para que Graham no se convierta en la Defensora proviene de los grupos “celestes“, que han interpuesto varios amparos para frenar la designación con el argumento de que Graham apoya la legalización del aborto. El presidente Alberto Fernández incluyó el tema en extraordinarias, y ya tenía fecha para su tratamiento, pero sorpresivamente se volvió a levantar el tema. 

Infancia en Deuda, conformada por un grupo de organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y de niñez, y referentes sociales y académicos, firmaron una solicitada: “Las organizaciones firmantes exhortamos al Senado de la Nación a aprobar en forma urgente la designación de las autoridades de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, para dar inicio a su funcionamiento institucional. El tema fue incluido en el presente ciclo de sesiones extraordinarias por el Sr. Presidente de la Nación”.

“La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por la ley 26.061 en el año 2005. Completa la institucionalidad del sistema de protección de derechos de la infancia y debe priorizar la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país en la agenda pública”, sigue la solicitada.

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“La gravedad de la crisis económica y social, con especial impacto en la niñez y en la adolescencia, pone en evidencia la necesidad ineludible de contar con una Defensoría nacional que exija las políticas públicas destinadas a la infancia, y asegure el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad. Casos como los fallecimientos recientes en la Provincia de Salta son ejemplos que muestran con crudeza el tipo de desafíos que debería poder estar enfrentando una Defensora designada -continúa el escrito-. Cada día de incumplimiento profundiza aún más la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país: es hora de saldar esta deuda histórica con la infancia”.

Entre octubre de 2017 y abril de 2019, la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (integrada por referentes de las distintas fuerzas políticas) celebró un concurso de oposición y antecedentes que contó con el asesoramiento técnico de organismos especializados como la CONEAU y el Instituto Interamericano del Niño (OEA), además de las y los defensores provinciales de niñas, niños y adolescentes, y culminó con la nominación de Marisa Graham como Defensora y Facundo Hernández y Fabián Repetto como Defensores Adjuntos. La Cámara de Diputados aprobó las designaciones el 26 de junio de 2019, pero está pendiente su tratamiento por parte del Senado.

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Clarín consultó a Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina. ¿Por qué es importante que se nombre a la defensora del niño?

-En primer lugar, porque es un mandato establecido por la legislación nacional y por los marcos internacionales de derechos humanos de los cuales el país forma parte y debe rendir cuentas. En segundo lugar, porque la Ley de Protección Integral definió que el país debía contar con un Sistema de Protección Integral de Derechos. Este Sistema está formado por la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, las provincias a través del Consejo Federal y la Defensoría de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Resulta clave, y más en un contexto como el actual, tener una institución que controle, monitoree y promueva los derechos de aquellas poblaciones en particular situación de riesgo o vulnerabilidad.

¿Más allá de que se trata de una ley que no se cumple, en que puntos ayudaría a los niños, niñas y adolescentes a tener una defensora en el contexto actual?

El cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia requiere de instituciones fuertes que cumplan con el rol y mandato establecido. En este caso concreto, la Defensoría tendría la capacidad y las competencias para actuar frente a vulneraciones de derechos, buscar mecanismos de participación donde escuchemos las voces de los involucrados o afectados por la acción o inacción del Estado, promover la generación de redes de defensores provinciales para trabajar a nivel subnacional, supervisar las entidades públicas que se dediquen a la atención de las niñas, niños o adolescentes y, cuando sea necesario, recibir las denuncias o reclamos formulados por las niñas y niños para luego dar curso a los requerimientos de que se trate. En un contexto donde la pobreza en sus múltiples dimensiones afecta a más del 50% de la niñez y aparecen problemáticas complejas como la malnutrición y la inseguridad alimentaria, donde más de un millón de niñas y niños están excluidos del sistema de protección de ingresos, entre otros múltiples factores determinantes, la Defensoría vendría a aportar un rol clave para el cumplimiento de derechos. Sin ir más lejos, en estos meses se dieron a conocer casos extremos de malnutrición de niños y niñas de las comunidades indígenas del norte del país. Estas situaciones, en las que se ven comprometidos derechos básicos de los chicos y las chicas, son algunos de los desafíos que deberá enfrentar la defensora designada.

¿Qué le diría a los legisladores para que finalmente aprueben la designación?

-Les diría que están frente a la oportunidad histórica de completar el sistema de protección de derechos del país. La Defensoría Nacional es un órgano de control necesario, que contribuirá al cumplimiento de las múltiples vulneraciones de derechos que afectan a la niñez. Luego de más de una década de atraso en la designación de esta figura, se lograron los consensos necesarios que derivaron la conformación de una comisión bicameral, la definición e implementación de un concurso transparente y participativo, y finalmente la nominación de un Defensor y dos Adjuntos. La Defensoría no es un organismo de incidencia política sino de control, monitoreo y promoción de derechos asociado indefectiblemente a las normativas vigentes en el país.