La vicepresidenta Cristina Kirchner salió a despegarse del proyecto que impulsa limitar al periodismo en casos de corrupción. La iniciativa, adelantada por Clarín, fue presentada por senadoras
K y propone anular las prisiones preventivas si los medios difundieron información que pudiera haber afectados la “percepción pública” sobre funcionarios investigados.
“Ese proyecto no se va a impulsar. Está desde diciembre. Cada senador o senadora presenta sus propios proyectos. Tienen iniciativa propia. Cristina no anda vigilando los proyectos que se presentan”, aseguraron este martes a Clarín desde el entorno de la ex presidenta.
Las autoras del proyecto son las senadoras K María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Salvo la puntana Catalfamo, las otras cuatro integraban el bloque cristinista antes de la unificación con el PJ.
El texto advierte que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Como explicó este diario, esa enunciación genérica no merecería objeciones: la libertad de las personas debe ser custodiada con los mayores cuidados, y su limitación jamás puede ser arbitraria. Pero la enumeración de razones que convertirían en nulas las prisiones ordenadas por jueces de la democracia multiplica exponencialmente esa arbitrariedad, sólo que en sentido contrario: toda detención de un sospechoso por corrupción podría anularse ante la invocación de factores muy difíciles de medir. ¿En qué plazo? 72 horas para que opinen el fiscal y las querellas, y otras 24 horas para resolver.
El ejemplo más peligroso -y directamente alarmante para la libertad de expresión– es el primer motivo de nulidad que proponen las senadoras K: “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”. Es decir: si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva -aún bajo las estrictas condiciones que rigen hoy-, esa persona puede exigir que lo liberen.
También podrán exigir la nulidad de las preventivas quienes crean que hubo una “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido”, y los que sospechen sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”. Las dos razones coinciden puntillosamente con los principales obstáculos de Cristina en la causa de los cuadernos, y su estrategia para sortearlos.
Sin embargo, pese a esta situación particular, la vicepresidenta salió a despegarse de la iniciativa.
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