El futuro proyecto de ley sobre legalización y despenalización del aborto no tiene, en principio, los votos suficientes en el Senado para ser aprobado, porque los legisladores
que se inclinarían por la negativa están muy cerca de obtener la mayoría absoluta, lo que clausuraría cualquier discusión, al menos, por el actual año parlamentario.
El presidente Alberto Fernández planteó varias veces durante la campaña electoral y, más recientemente, en los últimos días, la necesidad no solo de despenalizar, sino también de legalizar el aborto.
De hecho, el lunes pasado, en declaraciones a una radio porteña, el jefe de Estado insistió en la idea de enviar una iniciativa al Congreso para despenalizar y legalizar el aborto.
“Hay que despenalizar y legalizar el aborto, las dos cosas. Porque de otro modo no puede funcionar: para que todas las mujeres tengan la posibilidad de acceder a la salud pública para tener la atención adecuada”, planteó el mandatario la semana pasada a radio Continental.
Fernández advirtió, además, que el hecho de que “esa práctica sea legal, no significa que sea obligatoria”, en alusión a que no interfiere sobre quienes estén en desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo.
Con todo, y de acuerdo con los números preliminares, la cuestión tendría más votos en contra que a favor.
Además, tal como ocurrió hace dos años, la discusión atraviesa los bloques de manera transversal y los preceptos ideológicos parecerían quedar de lado.
En agosto de 2018, el proyecto de Legalización del Aborto, que había sido aprobado en Diputados por escaso margen, resultó rechazado en la Cámara alta por 38 votos contra 31, es decir, mayoría absoluta en contra de la iniciativa.
En aquella sesión en el Senado hubo un ausente y dos abstenciones que no hubieran podido inclinar la balanza en favor de los “pañuelos verdes”, es decir quienes están a favor del aborto legal, seguro y gratuito.
Con la renovación de bancas de diciembre de 2019, y el impulso que el flamante Poder Ejecutivo busca darle a la iniciativa, volvieron a hacerse los cálculos y el número se inclina otra vez hacia los que rechazarían la idea.
En principio, hay 36 senadores a favor de “cuidar las dos vidas”. En ese número se repiten los legisladores que hace dos años votaron del mismo modo y que, se supone, no cambiaron de opinión.
Además, se cuentan algunos legisladores que en 2018 eran diputados y votaron en contra de la legalización del aborto.
Del lado de los “pañuelos verdes”, habría 32 legisladores, un voto más que los obtenidos en la primera discusión.
Sin embargo, otros cuatro legisladores permanecen en duda: los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos), Mario Mirabella (Santa Fe) y Edgardo Neder (Santiago del Estero), además de Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino.
De esos cuatro, sólo Crexell participó de la discusión por el aborto en el Senado en 2018, cuando presentó un proyecto de ley alternativo.
La senadora neuquina, junto con el santafesino Omar Perotti (hoy gobernador de su provincia), fueron las únicas dos abstenciones en la votación.
Los partidarios del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo deberían lograr que estos cuatro legisladores cuya opinión está en duda voten con ellos y modificar algunas posiciones entre los que representan a los “pañuelos celestes”, que son quienes están en contra de la legalización del aborto. De lo contrario, el rechazo a la ley se daría una vez más.
En cambio, si quienes están a favor del aborto logran que sólo los cuatro legisladores que aún no expresaron su opinión sobre la cuestión se sumen, el Senado estaría ante un empate: 36 a 36.
En ese caso, la presidenta de la Cámara alta, y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tendrá la obligación de desempatar.