El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentará una demanda judicial de “acción colectiva” para que se declare la inconstitucionalidad del artículo de la ley de Emergencia que suspendió la aplicación
de la fórmula de movilidad y fue reemplazada por aumentos por decretos sobre la base de achatar la pirámide de haberes.
Para reforzar esa demanda, Semino convocó a los jubilados y pensionados a acompañar con sus firmas el reclamo concurriendo con sus documentos y recibos de haberes a la sede de la Defensoría, en Avenida Belgrano 673, de la Capital entre las 9 y 18 horas. “Es para que la presentación tenga más fuerza política y social”, sostuvo a Clarín. Con ese respaldo, el reclamo se presentará esta semana.
“Los Tratados Internacionales que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional establecen que los Estados se comprometen a la no regresividad de los derechos sociales y a que todos los beneficiarios están amparados por el derecho a la movilidad en base a la proporcionalidad y equidad“, recordó Semino.
Y ejemplificó: “Quien gana $ 40.000, resigna $ 2.204 en marzo y 6.612 pesos en los tres meses que van de marzo a mayo. Y no es un privilegiado sino que tuvo aportes durante sus 30 años de trabajo que fueron mayores que aquel que cobra 20.000 pesos”, detalló el defensor de la Tercera Edad. “No se puede achatar esa pirámide arbitrariamente, menos aun cuando la canasta básica de un adulto-mayor alcanza los 37.800 pesos”, de acuerdo a los cálculos de la Defensoría.
Semino también dijo que el aumento del 11,56% corresponde al tercer trimestre de 2019 por lo que constituye un derecho adquirido de los beneficiarios que no puede ser alterado por nuevas leyes que se apliquen en forma retroactiva. Además, recordó, que con esa fórmula los beneficiarios ya perdieron casi un 20% de sus haberes y con el aumento dispuesto por el Gobierno para marzo, abril y mayo un sector perdería un poco más, incluso respecto de la inflación estimada para los próximos meses.
Como resultado del achatamiento de los haberes, se calcula que el ajuste fiscal es de $ 5.100 millones mensuales con relación al gasto que surgiría del incremento del 11,56% de la fórmula suspendida aplicada a todos los jubilados. Ese ajuste se repetiría y acrecentaría en junio al otorgarse el próximo aumento por decreto.
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