La fórmula de actualización jubilatoria de la gestión de Mauricio Macri fue suspendida por el actual gobierno, que este viernes anunció un aumento del 2,3% para esos haberes más una suma fija de
$1500, lo que representa una suba del 13% para quienes cobran la mínima y uno mucho menor para las jubilaciones más altas. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, adelantó que irán a la Justicia para reclamar la “inconstitucionalidad de la medida”.
Los únicos que acrecen son los haberes mínimos, indicó Semino. Y agregó que el aumento en las jubilaciones anunciado este viernes “no cambian la pobreza ni la vida” de quienes le recibirán. “Bienvenido que lo reciban, pero en el diferencial del semestre son $1184”, remarcó Semino en el programa Sábado tempranísimo, de radio Mitre.
La contracara de esto, señaló, es que quien cobra $20 mil, que también está bajo la cobertura de sus necesidades básicas, en el mismo período, se le restarán $352 por mes respecto a lo que debía recibir conforme a la Ley de Movilidad. “En el semestre va a cobrar $2112 menos de lo que debía”, agregó el Defensor de la Tercera Edad.
“¿Cómo va a influir esto en quienes están percibiendo la reparación histórica? Se actualiza por la Ley de Movilidad. La medida es regresiva porque rompe los criterios de proporcionalidad y equidad. El que que gana $40 mil no es un privilegiado sino que aportó el doble que quien gana $20 mil. Esto no solo es gravoso para el actual jubilado sino que dinamita las bases del sistema. Tuvimos una experiencia que fue el caso Badaro, que más de un millón de jubilados esperaron y murieron en la espera de que se reconozcan sus derechos”, recordó Semino.
“El anuncio fue un bodoque indescifrable en el momento. Nosotros, en cuando a lo judicial, vamos a plantear directamente la inconstitucionalidad de la medida. No vamos a esperar ver morir jubilados en la espera. Los jubilados perdieron 20 puntos con la anterior administración, con la anterior fórmula y en lugar de evitar ese drenaje lo que se hace es profundizarlo”, criticó Semino, que en diciembre había dicho que iría a la Justicia por la suspensión de la fórmula de movilidad de la gestión Macri.
“Es violatorio de una enorme cantidad de normas constitucionales. Se está violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre adultos mayores que es Ley en Argentina, que la propuso y trabajó el Estado. ¿Saben quiénes eran los funcionarios que hoy violan esa convención? Los mismos que estaban cuando se aprobó el 15 de junio de 2015”, criticó con dureza Semino.
“La otra gran incertidumbre, porque ya tuvimos una amarga experiencia con el bono de enero, es que recién en el decreto vamos a conocer la reglamentación. Se habla de una suma fija de $1500 y del 2,3% para complementarla. Se podría hablar de un total para el primer rango del 12,96%, pero no se habla de esto y genera una incógnita sobre cuál va a ser el futuro de los reajustes”, señaló Semino.
LGP
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