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Allanan dos empresas en la causa por supuestas irregularidades en contratos de peajes

Redacción TN by Redacción TN
13 febrero, 2020
in Politica
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Por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la Policía Federal realizaba este jueves allanamientos a oficinas de las empresas concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste, en el marco

de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el macrismo, informaron fuentes judiciales.

Puntualmente, los operativos se realizan en cinco dependencias de las empresas concesionarias Autopistas del Sol (Ausol) y de Grupo Concesionarios del Oeste (de Acceso Oeste). Además de las oficinas centrales de las firmas, en el microcentro porteño, la justicia también se presentó en la sedes de Ausol en San Isidro y la de Concesionarios del Oeste en Ituzaingó. El quinto allanamiento se realizó en el domicilio de Natal Inversiones, socio minoritario de Ausol.

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En la causa, que se inició tras una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, están imputados, entre otros, el ex presidente Mauricio Macri, y los ex ministros Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne.

Los legisladores pidieron investigar las condiciones bajo las cuales ambas empresas aceptaron renunciar a sus millonarios reclamos al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, por supuestos incumplimientos de los contratos por parte de los sucesivos gobiernos.

A cambio, Autopistas del Sol logró que le extendieran la concesión hasta 2030, y que le pagaran 499 millones de dólares por “inversiones efectuadas no amortizadas”. El acuerdo fue con la firma española Albertis S.A, controlante de Ausol y ex socia de Sideco, la empresa de la familia Macri. hasta 2017.

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Tailhade y Moreau denunciaron que el 7 de diciembre de 2015, tres días antes del comienzo del gobierno de Cambiemos, Albertis presentó ante el CIADI un reclamo por 1.100 millones de dólares. Según los diputados K, esa demanda habría sido utilizada luego como argumento por el gobierno de Macri para renegociar la concesión.

Los denunciantes también aseguran que la abogada de Vialidad Nacional Julieta Ripolli habría renunciado a su trabajo por negarse a avalar las presuntas irregularidades.

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