Los descendientes de los fundadores de Cariló quieren lotear 700 héctareas para su posterior venta. Aunque son los legítimos propietarios del terreno, hay varios inconvenientes: desde 1998, gran
parte de Cariló está catalogado como “paisaje protegido” y por lo tanto no se puede hacer uso comercial, y el nuevo proyecto entra en conflicto con el código urbanístico. La polémica sobre la construcción de un “nuevo Cariló”, que podría estar términado en dos décadas y con capacidad para 29 mil camas -hoy Cariló cuenta con 5300-, es total. Para algunos ese negocio, del que se calcula la cifra de dos mil millones de dólares, significaría un “ecocidio”.
Los que lo impulsan dicen que puede traer trabajo y descartan cualquier impacto en el medio ambiente. “Se hizo un trabajo con mucho rigor. Vamos a hacer un Cariló superior, con más espacio verde y con cero riesgo ambiental”, dice Juan Alberto González, uno de los representantes de Cariló de Guerrero S.A, la empresa que nuclea a los descendientes.
“No hay una contemplación ambiental. No estamos en contra pero tiene que ser consultado con las asociaciones intermedias”, retruca Miguel Anzel, presidente de la Sociedad de Fomento. Eduardo Bari, presidente de la Sociedad de Amigos, comparte: “No huele bien, no hay un estudio serio que lo avale. Meter 30 mil camas es de locos, van a destruir el bosque”. Hugo Pouso, reconocido arquitecto de la zona, es aún más duro: “Es un negocio inmobilario, un plan irracional, una aberración urbanística”. Para ser aprobado, el plan necesita que lo vote el Consejo Deliberante de Pinamar y luego que el gobierno provincial lo apruebe. Recién en marzo, cuando reabra el Consejo, habrán novedades.
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