Lo impulsaba Néstor Kirchner, antes de morir. Había terminado de convencerse cuando recibió una encuesta en la que una holgada mayoría de los consultados responsabilizaba por la inseguridad
principalmente a Cristina, entonces presidenta, por encima de Daniel Scioli -en aquel momento gobernador bonaerense- y los intendentes.
La bajada de unos 6.000 mil gendarmes a zonas calientes del conurbano comenzó a concretarse a fines de 2010, y no hubo vuelta atrás: la asignación de fuerzas federales se mantuvo hasta el final de los gobiernos kirchneristas, atravesó la gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández no mostró intención de interrumpirla. Se verá en los próximos días si el reclamo de Sergio Berni de un retiro de las fuerzas federales de la provincia de Buenos Aires genera un quiebre en esa continuidad de una década.
El despliegue de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria se fue renovando. Alejandro Granados, al asumir como ministro de Seguridad bonaerense en 2013, ya aseguraba que quedarían en forma permanente y volvía a remitir a Kirchner como el impulsor del plan. En el final del gobierno de Macri unos 6.500 estaban asignados en la provincia de Buenos Aires -principalmente en el conurbano, La Plata y Mar del Plata-, como parte de los acuerdos de asistencia previstos en la Ley de Seguridad Interior. Ese número sin contar las tareas de competencia federal, como puertos, aeropuertos, móviles de Gendarmería, otras funciones y personal de investigaciones, científica y logística. Berni lo aclaró en el final de su nota: cuando pidió el “retiro del territorio”, aclaró que no alcanzaba a las acciones con competencia federal.
En la distribución de los integrantes de las cuatro fuerzas desplegados para reforzar la seguridad ciudadana se venían tomando en cuenta la demografía y los niveles de violencia en cada zona, más allá de la influencia del color político de los intendentes, con entre 200 y 400 efectivos en los municipios más complicados. “Una vez que los ponés, no los podés sacar más”, coincidía con Granados, en otras palabras, un alto funcionario del área durante la gestión de Macri. En el inicio de ese gobierno, en diciembre de 2015, Patricia Bullrich -ex ministra de Seguridad- había dicho que la intención sería que los gendarmes volvieran a las fronteras para recomponer los controles en esas zonas. No hubo caso. Desde su cartera, además de articular con Provincia, armaron una coordinación con los intendentes para el despliegue. En menor medida, el mecanismo se repite en otras provincias, por caso unos 3.000 en Santa Fe y 1.200 en Córdoba.
En cuanto a Buenos Aires, con el conurbano como área sensible en materia de inseguridad, Frederic no tenía previsto cortar la asignación de gendarmes y efectivos de otras fuerzas federales aunque había dejado trascender que analizaba modificaciones. “No está la idea de romper despliegues, pero sí de hacer buenos diagnósticos y distribuir mejor los recursos. No se van a sacar los gendarmes de la provincia. Sí pueden ser redistribuidos o incluso haber refuerzos en algunas zonas”, indicaron. El movimiento de Berni altera el escenario al profundizar la interna.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.