El último avance que se registró en la causa por el incendio de Iron Mountain se produjo en marzo de 2018, cuando el juez Pablo Omaechea dictó
Además, se trabaron embargos a los procesados que van desde 10.000.000 a 20.000.000 de pesos, por ese siniestro ocurrido el 5 de febrero de 2014 y que ocasionó la muerte de 10 bomberos.
En tanto que la Cámara de Casación Penal de la Nación resolverá, el próximo 10 de febrero, si los familiares de las víctimas del incendio en la planta de Iron Mountain pueden o no ser reconocidos como querellantes en el juicio oral y público a los 17 imputados, según consignó a Télam Diego Moral, abogado de las familias.
Moral explicó el estado actual en el que se encuentra la causa del siniestro al que denominó “incendio pedido, como se llama en la jerga, cuando las pericias claramente demuestran que fue a todas luces intencional”, expresó.
Sobre los imputados, Moral explicó que “primero fueron indagadas 35 personas, de las cuales fueron procesadas 17. Entre las que tenemos al vigilador, una persona que en 9 oportunidades cortó la alarma sistemáticamente. Luego tenemos varios funcionarios del gobierno de la Ciudad, que extendieron una habilitación a pesar de no contar con un certificado de operatividad y otras cuestiones que son básicas para que funcione una firma con este objeto en este lugar, y luego directivos de la Empresa quienes básicamente no cumplieron con los requisitos que la ley exige como la carga de fuego, planes de contingencia, para que eventualmente no ocurriera lo que finalmente ocurrió”.
Aunque ocho de las diez familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos llegaron a un acuerdo sobre montos indemnizatorios, aún persisten tres demandas en la Justicia.
Además de la firma DirecTV, que demandó a Iron Mountain por la pérdida de su documentación importante, las familias del bombero Eduardo Adrián Conesa y del rescatista de Defensa Civil Pedro Barícola continuaron con las acciones judiciales contra la firma.
Paralelamente, en 2014 se abrió otra causa por presunto lavado de dinero cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó en la justicia pruebas de su hipótesis que sostenía que el incendio fue intencional y en acuerdo con sus clientes; sin embargo, no hubo avances.
En ese entonces también la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación para analizar el contenido de los documentos que se perdieron en el incendio, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitiera un informe a la Procuración General de la Nación.
Es que entre las entidades que guardaban documentación en el depósito incendiado se encontraban cajas de Sideco Americana (Grupo Macri) que habían sido caratuladas como “Coima”, y documentos del banco HSBC, agrupados en cajas rotuladas como “Lavado de Dinero” y “Lavado de Dinero Premier”.