La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento a seis altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino y rechazó investigar al ex
presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, en la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo.
En el escrito de 619 páginas y que está fechado el 31 de enero, Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
También los acusó -por el hundimiento ocurrido en noviembre del 2017- de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, y les trabó embargos que van entre los 2 millones a los 3.5 millones de pesos.
Yañez, en tanto, sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
A poco más de dos años y dos meses de aquel fatídico 15 de noviembre de 2017, la magistrada consideró que en mayor o menor medida todos ellos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para navegar. Y que desoyeron el planteo del Comandante Pedro Fernández, fallecido en el hundimiento, sobre el funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que presuntamente habría sido el elemento que desató la tragedia.
La jueza de Caleta Olivia rechazó investigar al ex presidente Macri, al ex ministro Aguad y al entonces jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, como había sido solicitado por las querellas.
En el caso del ex presidente, consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que ejercía “no es de naturaleza técnico-militar, pues esta es ejercida por su grupo de profesionales idóneos”.
Evaluó que en tal función Macri no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, que estaban delegadas en funcionarios menores y particularmente en militares adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina, y a idéntica conclusión arribó en el caso de Aguad.
El fallo trajo consecuencias inmediatas. Las 10 familias nucleadas en la querella por el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos, más otras familias que apoyan manifestaron en un comunicado su repudio “al procesamiento de los 6 oficiales de la Armada Argentina por el insólito delito de estrago culposos, delito que prevé una escala penal de 1 mes a 5 años y que además resulta sin prisión preventiva”.
Los familiares de las víctimas expresaron su descontento con la decisión porque “exculpa a la política, encabezada por el ex presidente Macri y el ex ministro Aguad, entre otras apreciaciones que resultan una falta de respeto a las familias, a la justicia y fundamentalmente a los 44 navegantes”.
El comunicado cierra: “Queda ahora en evidencia que nuestras incesantes denuncias eran fundadas y no sabemos que excusa darán quienes defendieron el accionar de esta jueza. Nosotros continuaremos si cesar nuestra lucha por verdad y Justicia y para que está jueza corrupta rinda cuentas, continuaremos peleando en todos los frentes y ojalá podamos contar con el apoyo de todo el país como siempre lo tuvimos”.
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