Ese segmento abarca “casi el 70% de la deuda que hoy tienen los contribuyentes con la AFIP”, precisó la funcionaria en declaraciones al diario Página/12, publicadas hoy.
Esa
“Cuando la AFIP fijaba las tasas de interés por mora, en los planes de financiación no estaba ajena a la lógica de la financiarización neoliberal”, evaluó.
La funcionaria agregó que “la responsabilidad de este brutal endeudamiento con la AFIP es también producto de la virtual desaparición del canal del crédito en el sistema financiero”.
El plan del organismo, dijo su directora, busca “reparar reparar y contribuir a dar oxígeno a ese sector”, ya que “mal podemos pensar que un sector productivo a media máquina, si no tiene capital de trabajo, puede responder a un impulso de demanda como está dando este gobierno”.
“La ley de Solidaridad en muchos capítulos lo que hace es desandar la reforma tributaria de Macri, que desfinanció la seguridad social “”
Marcó del Pont resaltó que en el último cuatrienio desaparecieron 24.500 PyMEs empleadoras, 91% de las cuales de hasta diez empleados y recordó que las firmas endeudadas tendrán un período de gracia de seis meses, con lo que empezarán a pagar la primer cuota a mediados de julio.
“El espíritu también fue reducir la deuda (mediante una quita de intereses y condonación de multas), por eso la discusión por incorporar el capítulo de financiamiento PyME en la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva fue fundamental”, señaló.
Marcó del Pont ponderó luego la capacidad profesional del plantel de AFIP (unos 22.000 empleados) y advirtió que durante el gobierno anterior hubo “persecución, maltrato, desplazamientos” de personal, al que “le controlaban los mails y los contactos telefónicos”.
La funcionaria consideró además que “la situación de deuda de muchas grandes empresas también es importante”, por lo cual “vamos a impulsar un plan de cancelación de deuda impositiva y previsional”.
Remarcó por último que “la ley de Solidaridad en muchos capítulos lo que hace es desandar la reforma tributaria de Macri, que desfinanció la seguridad social y estableció una convergencia de las alícuotas que se pagaban por las contribuciones patronales, que supuso subírselas a las PyMEs y bajársela a las grandes”.