Crimen en Villa Gesell: las demandas civiles que se vienen

target=”_blank” alt=”villa-gesell” href=”https://www.clarin.com/tema/villa-gesell.html” target=”_blank” title=”villa-gesell”>Villa Gesell, la madrugada del 18 de enero. Son diez varones de entre 18 y 21 años: todos de Zárate, todos rugbiers, todos imputados por homicidio agravado y alojados en la cárcel de Dolores.

Una investigación -y, es esperable, un juicio oral- determinará la responsabilidad penal de cada uno de ellos en el asesinato de Fernando, por el cual sus padres, su novia, sus amigos y miles de personas que se movilizaron en Buenos Aires, Villa Gesell y Pinamar exigen justicia.

Hay, formalmente y aunque ya no sea sospechoso del crimen, otro imputado: Pablo Ventura (21). También de Zárate, el joven fue detenido luego de que así lo solicitara la fiscalía que investiga la causa y lo ordenara el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores, a cargo de Diego Mancinelli.

Fuentes de la investigación aseguraron a Clarín que entre los diez rugbiers hubo quienes señalaron a Ventura como autor del homicidio de Fernando, y que eso desencadenó su búsqueda por parte de la Policía y la orden de detención.

Ventura tuvo que pasar cuatro días preso en Villa Gesell y participar de las ruedas de reconocimiento, y formalmente aún debe ser sobreseído de la causa.

La acusación contra los diez rugbiers tiene lugar en el fuero penal. Pero ante la consulta de Clarín, distintos especialistas sostuvieron que podrían abrirse nuevas demandas -por parte de la familia de Fernando Báez Sosa y también por parte de Pablo Ventura- en el fuero civil. No sólo contra los diez jóvenes de Zárate, sino también contra otros eventuales responsables.

Mirá también

Mirá también

Crimen en Villa Gesell: el minuto cero de la muerte de Fernando

“La causa penal determinará autores, co-autores y la pena de quienes sean responsables. Pero eso, que deberá terminar en un juicio oral, no quita que los familiares de Fernando inicien acciones civiles contra los rugbiers, que son todos mayores de edad, para ser indemnizados. Quedará sujeto a ver qué daño psicológico y moral infringió cada uno de ellos a esos padres”, dice el abogado Natalio Nicodemo, especialista en Derecho Civil y uno de los representantes jurídicos de la organización Madres del Dolor.

Para el letrado, “puede haber también una responsabilidad civil del boliche“. “Si tenés dos personas que tuvieron un conflicto, la responsabilidad no se agota en sacarlos a la vereda y ahí, si quieren, que se maten. Si los empleados de seguridad hubieran tenido la preparación adecuada, sacan primero a Fernando, esperan a que él y sus amigos se retiren, les dan seguridad, se aseguran de que van a estar sanos y salvos, y recién después al otro grupo. Ahí puede caber una responsabilidad civil, y hay que ver si el seguro se quiere hacer cargo, porque hubo una actitud dolosa por parte de los rugbiers“, describe Nicodemo.

“Si estaba sobrepoblada la capacidad de Le Brique ahí habría una responsabilidad del boliche porque a la menor manifestación de pelea sacás a los chicos a la calle. Hay que ver si el grupo de Fernando fue sacado como se debía: los de seguridad dicen que se los dejaron a la Policía y que los sacaron por salidas distintas. Si efectivamente pasó un rato hasta que encontraron a Fernando y lo golpean hasta matarlo, se podría eximir de responsabilidad al boliche y habría que ver el grado de responsabilidad de la Policía“, sostiene el abogado penalista Claudio Calabressi.

“La acera pertenece al dominio público del Estado: hay una responsabilidad civil que puede recaer tanto en la Policía como en la Municipalidad. Pero no es un absoluto porque, tal como establece un fallo de la Corte, el Estado no puede garantizar la seguridad de todos. Si eventualmente vos dejás a una persona al cuidado de un policía y ese agente falla, se lo puede demandar por incumplimiento de los deberes de funcionario público“, suma el penalista, respecto de posibles demandas civiles que podría iniciar la familia Báez Sosa.

Para Nicodemo, “no se descarta algún tipo de responsabilidad del municipio, específicamente de la Secretaría de Seguridad“. “En un lugar lleno de boliches bailables -sostiene el abogado-, que puede ser una zona de conflicto y donde hay chicos tomando alcohol, lo mínimo es que se controle que en la calle no haya menores, que se hagan controles de alcoholemia y que se controlen escenarios de conflicto como este. No digo diez patrulleros, pero sí dos o tres policías a la salida de cada boliche. Se puede analizar la responsabilidad civil por parte del Estado municipal. La familia de Fernando tiene ese derecho, pero el caso puede llegar a la Corte”.

Eduardo Gerome, abogado penalista, describe: “Si el boliche no puede, el Estado debe poner vigilancia estatal a cargo de ese local que tiene la explotación comercial, como ocurre en las canchas de fútbol: la Policía pone efectivos y los pagan los clubes. Acá tendría que haber ocurrido algo así, pero con la legislación actual no creo que pueda demostrarse responsabilidad civil por parte de los dueños del local por algo que pasó afuera”.

El abogado penalista Adrián Tenca también sostiene que no hay posibilidades de iniciar una causa civil contra el municipio. Para Fernando Burlando, cuyo estudio jurídico representa a la familia del joven asesinado a golpes, “hay una cadena de negligencias en cuanto a responsabilidades civiles que tiene al municipio como principal protagonista”.

En cuanto a la situación de Pablo Ventura, Nicodemo observa: “Ventura tiene que probar quién fue la persona que lo incrimina injustamente en este proceso. Es un caso bien claro de daño a la imagen: lo expusieron en todo el país como una de las personas que mató a Fernando. También hay daño moral y psicológico por haber estado detenido varios días y por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. La fiscalía lo detuvo para investigar y lo cierto es que tendrían que haber investigado primero, pero eso pasa todo el tiempo: esto pasa todo el tiempo. La posible acción civil de Pablo sería contra el rugbier que lo haya involucrado en el proceso”.

Calabressi también cree que hay una acción civil posible, pero no contra uno de los diez acusados penalmente. “Pablo Ventura puede hacer un juicio por daños y perjuicios contra el Estado: quien ordenó su detención fue un juez a pedido de una fiscal y no se sabe en base a qué, porque los diez rugbiers se negaron a declarar. Hay que analizar de dónde provino la información para incriminarlo, llevarlo desde Zárate a Gesell y detenerlo varios días”, sostiene.

Y agrega: “Me parece que se aventuraron un poco en irlo a buscar. Todo eso alguien se lo tiene que pagar a Pablo. Seguramente salió de algunos de los rugbiers, pero no podés invertir la carga de la prueba y ponerla sobre esas personas que incluso pueden mentir durante su declaración. La seriedad en el procedimiento tiene que provenir del Estado”.

Colaboró: Paula Galinsky.

EMJ