“Hace 500 días que la Defensoría está intervenida y dejó de cumplir sus funciones, que tienen que ver con defender a la audiencias frente al contenido de los medios. Además existe un prolongado maltrato y violencia laboral”, advirtió, en declaraciones a Télam, Diego Sagardía, delegado de ATE Capital en el organismo.
La Defensoría del Público es un ente creado tras la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales para recibir denuncias por parte de las audiencias y hacer recomendaciones frente a contenidos que pueden vulnerar derechos y normas; está intervenido desde septiembre de 2018 bajo la conducción de Emilio Alonso.
En diciembre pasado, el cuerpo de delegados de ATE de la Defensoría del Público denunció que Alonso condicionaba “la renovación de los contratos de 15 trabajadores” que vencían a fines de 2019 “al nombramiento en planta de funcionarios propios” en cargos jerárquicos.
“Se trata de una persona que no sabe nada de comunicación y que deja sin tareas a un montón de trabajadores de la Defensoría. Una de las cosas que se dejaron de hacer es convocar a audiencias en las que se trataban las denuncias y se recomendaban procedimientos a los medios”, sostuvo Sagardía.
La designación de las autoridades de la Defensoría es efectivizada por una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, según lo establece la ley de Servicios Audiovisuales de comunicación.
Cynthia Ottaviano, la primera titular de la Defensoría, cesó su mandato a fines de 2016, y María José Guembe asumió al frente del organismo hasta que en septiembre de 2018, la Bicameral resolvió nombrar a Alonso como interventor.
“Entre el final de la gestión de Ottaviano y la designación de la intervención, hubo un período de acefalía, pero por lo menos las audiencias se hacían y se profundizó el trabajo para garantizar el derecho a la información. Ahora ni eso. Hay una inacción total”, alertó el delegado.
A la fecha, la Comisión Bicameral aún no está conformada y los trabajadores exigen que se ponga en funciones para que pueda designar una nueva gestión en la Defensoría.
“Creemos que es urgente la normalización de la Defensoría porque además de la continuidad de los puestos de trabajo, lo que está en juego son los derechos de los usuarios de los medios de comunicación. Por eso necesitamos que la Bicameral se constituya cuanto antes”, remarcó Sagardía.