
Sin el 75% que necesitaba para poder postergar el pago de un bono por US$ 250 millones, ahora a Axel Kicillof se le abren varios caminos.
El
gobernador puso como nuevo plazo para acordar el 3 de febrero, pero en realidad la fecha límite es el 5. Si ese día no logra acordar con los acreedores para poder pagar el 1 de mayo, irá a default. Esto es así porque aunque la fecha de pago era el 26 de febrero, hay 10 días de plazo en los que se puede pagar antes de ser declarado formalmente en cesación de pagos. Y esa especie de “segundo plazo” se cumple el próximo miércoles 5.
Para no ir a default, Kicillof podría tratar de mejorar aún más la oferta de postergación. Luego de que solo llegara al 26% de aceptación en el primer plazo que se fijó para negociar -hasta el 22 de enero-, el gobernador ofreció a los bonistas pagar anticipadamente los intereses entre el 26 de enero y el 1 de mayo, unos US$ 7 millones. No alcanzó. Una opción que ronda es que pague una parte del capital ahora y postergue el resto.
Si el 5 de febrero no hay avances con los bonistas, Kicillof podría apelar a alguna fuente de financiamiento para pagar y mantenerse dentro de los plazos originales. El Gobierno nacional ya dijo que no le prestará fondos, por lo que podría llegar a aparecer algún organismo privado.
Si el gobernador endurece su postura y decide no pagar, la provincia irá a default. Los bonos BP21, que son los que están en juego, ya están cotizando a US$ 51, la mitad de su valor nominal.
En caso de default, los accionistas podrían pedir lo que se llama “aceleración” de la deuda. Es decir que la provincia pague no solo los US$ 250 millones del 26 de enero de 2020 sino también los US$ 250 millones que ese bono debería pagar en 2021, más todos los intereses. Para eso tienen que ponerse de acuerdo al menos 25% de los bonistas.
Kicillof tendría que sentarse a renegociar antes de lo esperado, ya que el funcionario quería esperar a que el gobierno nacional tuviera encaminada su propia reestructuración de deuda para comenzar con la de la Provincia. La idea de ambos gobiernos era pagar los intereses de los vencimientos (no el capital) mientras Martín Guzmán preparaba la oferta y negociaba con sus acreedores. Con la provincia de Buenos Aires en default, las conversaciones del ministro con los acreedores de la Nación podrían cambiar complicarse.
Según la consultora Elypsis, Kicillof debería pagar US$ 2.705 millones en 2020, de los cuales US$ 725 millones vencían en enero y US$ 2.119 millones en el primer semestre. La mayoría se encuentra bajo ley extranjera y el 82% es en dólares.
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