El proyecto de “ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, que empezó a tratarse en el Congreso y el Gobierno espera tener aprobado la semana que viene,
le da facultades al ministerio de Economía para realizar canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos emitidos bajo ley y en moneda extranjera.
La norma no da detalles, sino un marco a la negociación. Por ejemplo, deberá cumplir con el artículo 65 de la ley de Administración Financiera que dice que las reestructuraciones podrán hacerse siempre que impliquen una mejora de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Además, se autoriza a Economía a establecer lo que se denomina en la jerga legal la “prórroga de jurisdicción” a favor de tribunales extranjeros. Esto quiere decir que los litigios que involucren los nuevos bonos que se emitirán -como los que reemplazarán-, no se dirimirán en los tribunales locales sino en la jurisdicción que se establezca en los documentos de la emisión.
Además, pone un nuevo techo a las comisiones de las entidades y asesores financieros que intervendrán en la operación de canje. Hasta ahora el máximo estaba establecido en 0,2% y ahora el tope a pagar será de 0,1% “por todo concepto, del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado”.
También “se exime a las operaciones comprendidas en la presente ley del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, que puedan aplicarse a las mismas”.
El proyecto de ley, finalmente, faculta a la Jefatura de Gabinete a modificar las partidas presupuestarias para hacer frente a los gastos que genere la reestructuración de deuda.
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Clarín
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