Tras el cambio de Gobierno, también se modificaron las asignaciones presupuestarias. El manejo de los gigantescos subsidios energéticos (más de $ 200.000 millones) pasó a manos del ministerio de Desarrollo Productivo,
a cargo de Matías Kulfas. En la administración de Mauricio Macri, esas erogaciones estaban bajo la órbita del ministerio de Hacienda.
La reorganización también implicó que el ministerio de Obras Públicas, encabezado por Gabriel Katopodis, se hiciera de un presupuesto de $ 124.000 millones. Para lograrlo, esa cartera asume partidas que en la gestión anterior tenían los ministerios de Transporte (de Guillermo Dietrich) e Interior (Rogelio Frigerio).
La movida también supone un recorte de fondos para el nuevo ministro de Transporte, Mario Meoni. Su cartera contará con poco más de $ 50.000 millones, según una estimación realizada por ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración), mientras que Dietrich manejó presupuestos por más de $ 213.000 millones.
Así, entre Kulfas, Katopodis y Meoni se repartirán el manejo de unos 374.000 millones de pesos.
Los subsidios energéticos conforman el rubro más grueso de las subvenciones económicas que cambia de supervisión. Bajo la administración Macri estuvieron primero bajo la órbita del ministerio de Energía y luego, de la secretaria de esa área, dependiente del ministerio de Economía. En 2019, se destinaron $ 214.000 millones a esa finalidad. Las decisiones eran del ex secretario Gustavo Lopetegui, bajo la supervisión de Nicolas Dujovne, que ocupó la titularidad de Hacienda durante la mayor parte del mandato macrista, hasta que sobre el final lo reemplazó Hernán Lacunza.
La estimación de ASAP es que los subsidios energéticos consumirán $ 200.000 millones del presupuesto. Estarán bajo el ala del ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo titular es Kulfas. En esa cartera tendrán que destinar los fondos para sostener el congelamiento de tarifas. Según la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, las boletas de luz y gas no tendrán incrementos por seis meses.
En Desarrollo Productivo saben que la disponibilidad de recursos está en sus manos, pero aseguran que habrá consultas al respecto con Martín Guzmán, el ministro de Economía. Los servicios de la deuda pública, que están calculados en $ 970.000 millones para 2020 por ASAP, recaerán sobre Economía (durante la gestión Macri se llamó Hacienda). Esa cifra puede modificarse tras la reestructuración de la deuda, que el Gobierno espera tener concretada antes del próximo 31 de marzo.
Katopodis, de Obras Públicas, está al frente de un ministerio que el macrismo suprimió. Reemplaza, en parte, la cartera de Planificación que tenía el kirchnerismo y conducía Julio de Vido. Entre los más de $ 124.000 millones que manejará, hay una partida que sobresale: Vialidad Nacional. Esa dirección aportará $ 70.262 millones.
Durante el gobierno de Cambiemos, Vialidad dependió del ministerio de Transporte. Según estimaciones de los actuales funcionarios, tenía un presupuesto que excedía los $ 90.000 millones, pero se terminaron ejecutando cerca de $ 54.000.
Otras dependencias que estaban bajo la dependencia del ministerio del Interior (de Rogelio Frigerio) ahora reportarán a Katopodis. Son $ 54.500 millones más que irán a Obras Públicas y que salen -al menos, en los papeles- de los cofres que tenía Interior, ahora encabezado por Eduardo “Wado” De Pedro.
El ministro Meoni observará una reducción del dinero que administra. Según el informe de gastos e ingresos del sector público nacional, elaborado por la secretaría de Hacienda, Dietrich contó con $ 120.351 millones para subsidios al Transporte. A Meoni le asignarían menos de la mitad, $ 50.250 millones, según una estimación de ASAP.
Pero, además Dietrich dispuso la mayoría de los gastos de capital (inversiones) en Transporte, que sumaron $ 93.410 millones en 2019. En la conformación actual, eso ya no está en la cartera de Meoni. Sin embargo, muchos de los gastos de capital (por ejemplo, en trenes) se fondearon con Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional. Esa caja totaliza $ 249.000 millones y aún no está claro cómo podrán acceder los ministerios a esa partida.
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