Alberto Fernández dijo que el DNU de Mauricio Macri para expulsar extranjeros “es muy peligroso” y confirmó que evalúa derogarlo

para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen. Y admitió que evalúa su derogación. 

“La Argentina ya tiene un régimen antes que Macri diga nada, que marca que cuando un extranjero es condenado es susceptible de expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condenas y esto parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”, indicó el jefe de Estado en una entrevista con Clarín y otros medios argentinos.

“Siempre estuve en contra. La condición es que haya una condena, esta idea de castigar a la gente solo por la presunción, me parece muy peligrosa. Cuando un extranjero es condenado es susceptible de la expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condena “, remarcó.

Al insistir en que el DNU 70/2017 de Macri “no parece un buen camino”, el mandatario dijo que va a evaluar el tema: “No lo he hablado, cuando vuelva lo hablaremos”.

En efecto, la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano, depende del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Tal como adelantó Clarín, en los últimos días hubo reuniones entre funcionarios involucrados en temas migratorios con organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones presentaron un documento en el que piden -entre otras cuestiones- la derogación “urgente” del DNU, y otras medidas necesarias “para preservar los derechos de las personas migrantes”. La Casa Rosada se comprometió a analizarlo y se iniciaron las rondas de consultas.

El kirchnerismo en la oposición ya había cuestionado el decreto por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros. Y sostenía que cualquier cambio debía hacerse por ley y no a través un DNU, porque abordaba cuestiones en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional.

En rigor, el decreto, firmado por Macri luego de quedaran en la mira extranjeros en casos de alto impacto mediático, agiliza la expulsión de inmigrantes que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”. 

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Esto generó que entre 2016-2019 se realizaran un total de 3 mil expulsiones, el doble que en el mismo período anterior.

(La derogación) es una medida necesaria, reclamada por jueces de Argentina pero también por organismos del sistema de protección de Derechos Humanos”, fue la primera reacción de Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, al ser consultado por Clarín. El organismo, precisamente, fue uno de los que lideró la batalla judicial para impugnar el decreto, que tras ser declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal; y la respectiva apelación del gobierno de Macri, está en poder de la Corte Suprema de Justicia desde marzo de 2018.