Los directores salientes de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Eugenia Talerico, contribuyeron, en cuatro años de gestión, a inmovilizar en la Justicia 600 mil millones de
pesos en causa por corrupción y lograron 25 condenas por narcotráfico. Parte de esos embargos fueron, paradójicamente, en parte contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y el empresario K Lázaro Báez.
Al hacer un balance de su gestión, Federici y Talerico informaron que durante su gestión se cuadruplicó el monto de multas aplicadas a infractores del sistema financiero y obtuvo reconocimiento internacional, con la presidencia del Grupo Egmont, organismo que nuclea a las UIF’s de todo el mundo. Federici es un experto internacional en lavado que fue convocado para el cargo por Mauricio Macri en el 2015 y Talerico una abogada penalista especializada en el tema. En ese momento, la Argentina estaba en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no cumplir con estándares internacionales y el FINCEN de EE.UU le había quitado la colaboración por filtrar datos contra el ex diputado Francisco De Narváez, entre otros.
El balance está acompañado con sendas cartas dirigidas a los presidentes del Senado, Cristina Kirchner, y de Diputados, Sergio Massa, donde advirtieron que “la corrupción pública ofrece una oportunidad para que todos los demás delitos también prosperen, y corroe las instituciones de la República, degradando el Estado de Derecho y comprometiendo el orden democrático”. “Todo lo cual atenta contra la convivencia pacífica de los argentinos y la estabilidad del orden económico financiero, desalentando la inversión genuina que el país necesita para generar mayores fuentes de trabajo y erradicar la pobreza”, resaltaron.
La nota Federici y Talerico la presentaron luego de que diputados de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió, Juan López y Mónica Frade impugnaron hoy los candidatos del Gobierno para reemplazarlos en la conducción de la estratégica Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz como presidente y Mariana Quevedo como vicepresidenta. López y Frade explicaron por qué, a su criterio, los postulantes no podrían asumir en esos cargos. Lo hicieron durante una audiencia en el microcine del Ministerio de Economía.
Hubo 2 oradores que impugnaron y 17 a favor durante más de cuatro horas se escucharon las objeciones y defensas a la postulación de Cruz y Quevedo al frente del organismo que debe combatir el lavado de dinero, como uno de los objetivos primordiales. A favor, en un ambiente de militancia K, fueron el senador K Mario País, otros dos senadores y el ex titular de la UIF, José Sbatella, procesado en una causa y aplaudido en la audiencia. Ahora, en fuentes oficiales, se afirma que el presidente Alberto Fernández, al volver de su gira por Israel, firmará la designación de Cruz y Quevedo, pese a las impugnaciones.
En el balance, los directores salientes dicen que “las prioridades de la UIF bajo nuestra gestión se centraron en hacer frente a las amenazas del terrorismo transnacional, las manifestaciones graves de crimen organizado (especialmente el narcotráfico), así como la corrupción pública a gran escala, entre otros delitos, en un todo de acuerdo con la Ley 25.246 y las normas y estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
En relación a la lucha contra la financiación del terrorismo, la UIF “colaboró en la creación del registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento (RePET) en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, así como la designación en el mismo de Hezbollah y sus líderes como organización terrorista”.
En las conclusiones, Federici y Talerico sugieren una serie de medidas para mejorar la lucha contra el lavado de dinero como, por ejemplo, “una fuerte protección de su autonomía de la UIF, para evitar la injerencia indebida de la política y las industrias reguladas en sus funciones operativas. La UIF no debe ser concebida como un órgano de gobierno, sino más bien como un órgano de control del Estado”.
Frente a los desafíos internacionales, proponen ”adecuar la lista de sujetos obligados incorporando a la misma a las FINTECH (financieras tecnológicas) y a los proveedores de servicios de activos virtuales”. También sumar a la lista de sujetos obligados incorporando “expresamente a los partidos políticos, las alianzas electorales, sus estructuras de captación de financiación y sus representantes y apoderados”. Los sujetos obligados son las empresas o personas que tienen que reportar cualquier operación sospechosa mayor a los 10 mil dólares.
Todo incluyendo “a los abogados como sujetos obligados, en línea con lo requerido por el estándar internacional del GAFI”. Esto porque cinco abogados de ex funcionarios K procesados en la causa de los cuadernos de las coimas se negaron a informar cómo le pagaban sus clientes. La reforma necesitaría, a criterio de estos directores salientes, “sancionar en forma urgente una ley de extinción de dominio que le otorgue a la UIF el rol que corresponde en las tareas de rastreo y detección de bienes y le permita congelar administrativamente cuentas y activos ante sospechas de lavado”.
Por último, Federici y Talerico, sugirieron que “las recomendaciones ofrecidas sean atendidas con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta la relevancia de las mismas frente a la evaluación del sistema ALA/CFT que llevara a cabo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el país, y que tendrá inicio hacia fines del presente año”. En caso de no cumplir con estos estándares internacionales, la Argentina otra vez podría ser sancionada por el GAFI.
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