
Laura García
Especial para Clarín
Los acreedores de Axel Kicillof este miércoles tienen la última palabra. Si le suben el pulgar a la Provincia de Buenos Aires, la odisea que
inició el 14 de enero queda clausurada. De lo contrario, las implicancias pueden ser serias, sobre todo porque pondría en juego a la reestructuración nacional.
Lo que hay que saber:
-El gobernador dijo que no puede pagar. Y solicitó, en consecuencia, el aplazamiento del pago de capital de un bono por u$s 250 millones que debía cancelarse el 26 de enero. El pedido fue diferir el plazo hasta el 1° de mayo. Según la consultora Elypsis, Kicillof deberá pagar u$s 2.705 millones en 2020, de los cuales u$s 725 millones vencerán en enero y u$s 2.119 millones en el primer semestre. La mayoría se encuentra bajo ley extranjera y el 82% es en dólares.
-Los bonos, emitidos en la época de Daniel Scioli, valían 63 dólares el día antes de que Kicillof, hoy en Israel, se sincerara. “Hoy valen un 25% menos y siguen cayendo. El BP21 -el bono en cuestión- rinde 93% anual, mientras el Córdoba 2021 cotiza con un rendimiento del 28% y los títulos de la Ciudad lo hacen al 9%. El soberano mejor comparable es el AA21 con un rendimiento del 70%, es decir que el riesgo de la Provincia es aún mayor para el mercado”, explica Ramiro Marra, director de Bull Market. En breve, lo que implica es que los bonistas descuentan que no habrá acuerdo y el bono ya cotiza a precio de default. Hasta ahora el contagio no fue agresivo para el resto de la deuda de otras provincias. “Dada la poca liquidez de este mercado, no hemos visto fuerte efecto en otras provincias, aunque sí pudieron verse en el resto de los bonos de la Provincia, que mostraron bajas significativas”, explicaron en Balanz.
-Así y todo, el martes el Gobierno explicó que no hay “cross-default”, lo que supone que una cesación de pagos de la Provincia no afecta a la Nación e insistió en que no habrá salvataje porque iría contra la lógica que seguir pagando intereses pero no capital que viene aplicando el soberano.
-Si los acreedores, pese al poco margen de tiempo que les fue concedido, reúnen la mayoría requerida del 75%, problema resuelto. De lo contrario, después del 26 de enero, empiezan a correr 10 días de gracia durante los cuales se puede seguir negociando sin entrar formalmente en default (en el caso de intereses es de 30 días). “Esto claramente le quita tiempo a la Nación, acelera las cosas”, explica Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal.
-Pero aún existe otra instancia que entra en juego. Un período de 20 días durante el cual los inversores pueden apelar a la cláusula de aceleración o, como suele decir, “acelerar” el bono, esto es, pedir que se les pague todo lo adeudado. Para eso, basta que haya acuerdo entre un 25% de los tenedores. En ese escenario, toda la deuda bonaerense entraría en default. Mientras los inversores no “aceleren”, todavía habrá tiempo para pagar.
-Pero las consecuencias para el Gobierno nacional van más allá de una cuestión de cronograma. “El gran problema es si la deuda soberana empieza a cotizar a paridades de 30 (hoy está arriba de 40%). Porque ahí se da un fenómeno de cambio de manos de tenedores. Fondos de la economía real como puede ser un fondo de pensión extranjero venden a fondos especulativos que tienen detrás a poderosos cuerpos de abogados”.
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