La ANSeS tiene 74.908 sentencias firmes en favor de los jubilados. Son sentencias por reajuste de haberes que, según la ley previsional, deben ser canceladas dentro de los
120 días.
De ese total, en los próximos días –por el mensual enero- se cancelarán 5.561 sentencias, según datos de la ANSeS y de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Esos juicios están firmes porque las apelaciones de la ANSeS fueron rechazadas por la Corte Suprema y, en otros casos, el organismo previsional directamente no apeló las sentencias de los jueces o de la Cámara porque descontó su rechazo por la jurisprudencia de la Corte.
En total se estima que hay unos 300.000 juicios en los distintos juzgados -sin sentencia o con sentencia de primera o segunda instancia- de los cuales esos 74.908 tienen sentencia firme.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri se hicieron 180.000 pagos judiciales –unos 45.000 por año- incluyendo los que renunciaron a los juicios en el marco de la Reparación Histórica. Pero el stock de juicios no disminuyó en la misma proporción porque ingresaron nuevos reclamos y porque la ANSeS no liquidó correctamente lo que marcaban las sentencias, dando lugar a nuevas demandas judiciales.
A mediados de 2019, el entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en la Cámara de Diputados que había 279.682 juicios contra la ANSeS.
Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero eso no se cumple y ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional que alcanza a unas 35.000/45.000 sentencias.
El Presupuesto de este año, que prorrogó el del año pasado hasta que concluya el proceso de negociación de la deuda, prevé destinar $ 49.313,3 millones “al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260” ( Reparación Histórica).
Se estima que esa cifra anual es insuficiente para abonar la totalidad de las sentencias firmes. En la confección de los pagos se priorizan a los jubilados de mayor edad o con enfermedades crónicas o terminales.
El pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) y Elliff (2009) –que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial. Luego se agregó el fallo de la Corte (caso Lucio Blanco) que ratificó el indice ISBIC –que arroja un aumento más alto– para los reajustes de haberes (abarca a los que se jubilaron o cesaron la actividad antes de febrero de 2018) uniformando los criterios judiciales a la hora de resolver las demandas de los jubilados.
Desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de 2018 de acuerdo a la ahora suspendida ley de movilidad. La Cámara ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, con el fundamento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. ANSeS apeló el fallo y se espera el pronunciamiento de la Corte.
Hay además, reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.
Ahora con la suspensión de la fórmula de movilidad, y la decisión del Gobierno de otorgar los próximos aumentos por decreto achatando la pirámide previsional (mayores aumentos a los que menos cobran en detrimento de los haberes medios y altos), luego de la pérdida del 20% que sufrieron todos los jubilados durante la gestión de Macri, se descuenta que habrá un nuevo incremento de la litigiosidad por afectar derechos adquiridos y porque la jurisprudencia de la Corte Suprema cuestiona el achatamiento de los haberes, según argumentan abogados previsionalistas.
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