Una mujer fue condenada este martes a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y su pareja a tres años de ejecución condicional acusados del delito de trata
de personas en Salta. A su vez, le decomisaron un inmueble en el que funcionaba un prostíbulo donde explotaban sexualmente a más de diez mujeres y les impusieron multas.
Fuentes judiciales informaron que se trata de una mujer de 62 años y de su marido de 61, quienes fueron condenados por el juez federal de Garantías de Salta, Miguel Medina, a través de un juicio abreviado.
Asimismo, el juez les impuso multas de 50.000 y 20.000 pesos, respectivamente, que serán destinadas al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, y ordenó el decomiso del inmueble de la capital salteña, en el que funcionaba un prostíbulo.
Se trata de una casa ubicada en la calle Astigueta 612, una zona conocida como El Bajo, y se analiza la posibilidad de utilizarla como sede de una dependencia policial, bajo el ámbito del gobierno provincial.
La sentencia fue dictada a poco más de un mes de la formalización de la acusación, el 9 de diciembre pasado, cuando el fiscal federal Eduardo Villalba imputó a los detenidos en el marco de una investigación por el delito de trata de personas.
“Estamos muy satisfechos pues el nuevo código continúa dando evidencias de su eficacia para resolver esta clase de conflictos”, expresó Villalba, quien agregó: “Con esta condena pudimos dar respuestas concretas al compromiso asumido por el Estado argentino en la lucha contra este delito que atenta contra la dignidad de las personas”.
La investigación de la fiscalía comenzó el 30 de octubre de 2019 e incluyó tareas de inteligencia a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, además de intervenciones telefónicas que permitieron una serie de allanamientos, en los que fueron detenidas tres mujeres y se secuestraron numerosos elementos de prueba.
Villalba también destacó la ayuda de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y de las profesionales del Ministerio Público Fiscal que brindaron asistencia psicológica a las víctimas.
Los datos recolectados permitieron avanzar contra los propietarios del prostíbulo, por lo que Villalba precisó: “Quedó probado con grado de certeza que los acusados acogieron a un indeterminado número de personas en el inmueble con fines de explotación sexual, y procurar dinero, que era recaudado por ellos mismos al menos una vez por semana”.
Para la justicia, los acusados “acogían en su vivienda víctimas mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando sus necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas, por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales rentadas con hombres que se acercaban a la vivienda, de las que los nombrados tenían conocimiento, control y percibían beneficio económico”.
El fiscal mantuvo la acusación como partícipe secundario de trata de personas con fines de explotación sexual al hombre, mientras que a su esposa la consideró autora.
Con información de Télam.
JPE
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.