Mientras trabaja en la reforma judicial y prepara el borrador para eliminar regímenes jubilatorios de privilegio, el Gobierno envió un mensaje contundente a los jueces. La interventora de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) y referente de la agrupación Justicia Legítima, Cristina Caamaño, redactó una resolución que establece “la reducción al mínimo de las funciones de investigación criminal de la agencia y su participación como auxiliar de la Justicia”. La misma se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.
Caamaño dispuso que los recursos técnicos y humanos de la ex SIDE se concentren en la operaciones de inteligencia nacional y criminal de los delitos de terrorismo, federales complejos y contra el orden constitucional.
En el Ejecutivo admiten que la medida podría profundizarse en los próximos meses. Argumentan que es una opción eliminar por completo la colaboración de los organismos de inteligencia con la Justicia.
La separación entre el mundo de la Inteligencia y el Poder Judicial es uno de los puntales de la reforma en la que trabajan el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
La interventora de la AFI ordenó poner en conocimiento a todos los jueces y fiscales federales y a los integrantes de la Corte Suprema de la medida.
Como nota entre los considerandos, Caamaño cuestionó el decreto de Mauricio Macri que derogaba uno anterior de Cristina Kirchner que eliminaba los fondos reservados de la agencia de Inteligencia. “Ha sido la condición necesaria para provocar interferencias en el funcionamiento de los demás poderes constitucionales del Estado y afectar simultáneamente los derechos y garantías de los habitantes”, afirma.
La ley 27.126 que el ex presidente derogó, también prohibía la interferencia de los agentes de Inteligencia en causas criminales salvo requerimientos específicos.
Los delitos complejos que Caamaño explicita en la resolución son aquellos vinculados al narcotráfico, trata de personas y ciber delitos contra el orden económico, entre otros.
La interventora de la AFI por 180 días, que Alberto Fernández puso en funciones el 20 de diciembre, había pasado el lunes por la Casa Rosada para ultimar detalles de la resolución.
En el Ejecutivo no sabían entonces cuál era la dotación del personal de la agencia. Días después tuvieron las primeras respuestas. Nunca hubo contacto con el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas.
En los primeros días del año se anunció que se revisarían 700 designaciones realizadas durante la gestión macrista y trascendió que de de los 1.400 efectivos que conforman el cuerpo de la agencia, más de la mitad fueron designados a partir del 2016.
El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmaba durante los últimos días del mes pasado que el caso del falso abogado Marcelo D’Alessio era la demostración cabal de cómo los servicios operaban en la Justicia.
Tal como informó Clarín, entre las primeras medidas que adoptó Caamaño -que decidió donar su sueldo al plan contra el hambre- sobresalió la eliminación de los controles con polígrafos a los agentes.
El Ejecutivo y Caamaño también tienen bajo observación la escuela de inteligencia, que Cristina Kirchner ordenó crear durante su gestión. “Hoy no sabemos cuáles son los planes de estudio ni qué formación tienen, ni quiénes estudian”, consignó Cafiero a este diario cuando la interventora de la AFI fue confirmada en su cargo.
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