En la disputa por el control de una de las marcas más emblemáticas de ciclomotores, las firmas Zanella y Motomel decidieron judicializar las “negociaciones” que mantienen por la planta de producción
ubicada en la provincia de San Luis.
La pelea entre ambas compañías empezó cuando Zanella, conducida hasta ahora por el empresario Walter Steiner y en concurso preventivo, pidió autorización para vender un inmueble en la provincia de Buenos Aires (Caseros), que incluía también algo más valioso: sus marcas. El 4 de diciembre pasado, la Justicia autorizó esa venta a otro oferente, IMSA (Industria Metalúrgica Sud Americana), que según Motomel, había ofrecido la mitad del monto propuesto por ésta.
Con lo cual, la empresa La Emilia, propietaria de la marca Motomel, fue a la Justicia y denunció “irregularidades” en esa operación. Según explicó el abogado de Motomel, Roberto Pagano, “En principio la empresa, por estar en concurso preventivo, no puede vender a cualquiera porque de la operación depende su continuidad. Pero además, Motomel siempre ofreció mejorar cualquier oferta”, dijo. Es decir que con esa aprobación el juez cedió esa valiosa marca en detrimento de los trabajadores de Zanella, opinó. Por eso, la firma planteó la nulidad de la operación.
Soledad Fraire, apoderada de Zanella, explicó: “si bien podemos vender por nuestra cuenta los activos de la compañía, por estar la empresa pagando la última cuota del concurso, decidimos pedir la autorización al juez y nos fue aprobado porque teníamos una sola oferta para la adquisición de la marca”. Según la directiva, formalmente Motomel nunca les hizo llegar una propuesta. “Para comprar un bien de la empresa se tiene que dirigir a la compañía y no a un Juzgado”, consideró.
Por eso, en las últimas horas, Zanella, emitió un duro comunicado en el que se acusa a Motomel, de promover la quiebra de la empresa. “Hacemos directamente responsable a esta empresa y a sus directivos de llevar adelante las siguientes conductas: irrumpir sin legitimación alguna, en el expediente judicial del concurso preventivo de Zanella, intentando boicotear, obstaculizar, impedir y/o retrasar la disposición de ciertos activos que Zanella pretende gestionar en el legítimo uso de sus derechos y atribuciones”, señaló en el comunicado.
También acusó a la controlante de Motomel de “inmiscuirse en una contratación privada entre partes y “generar confusión e inducir a error a los jueces, a los empleados y al mercado en general, instalando la idea de una supuesta disputa por bienes que no están a la venta”, entre otras cosas. E intimó a su competidora “a desistir y cesar de manera inmediata y definitiva con todas esas conductas y con cualquier otro acto que pudiera seguir causando perjuicios a la compañía”.
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