Femicidios en Argentina: “¿Por qué todavía somos incapaces de detener estas muertes?”

de 2015, apenas 26 días después de que las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenaran de mujeres que pedían una cosa, sobre toda las demás: seguir vivas.

Desde esa primera gran movilización, hubo otras. Las muertes violentas de mujeres no se detuvieron, y sobre ellas se confeccionaron estadísticas. Algunas oficiales, otras no, pero todas alarman sobre la violencia de género como un fenómeno social y criminal sostenido. Complejo.

“Desde el primer Ni una Menos avanzamos. La aplicación de la figura penal de femicidio fue creciendo, logramos tener registros oficiales y fiscalías especializadas. Y hay un cambio de paradigma sobre la credibilidad de las víctimas. Esas son conquistas”, dice Mariela Labozzetta, fiscal a cargo de la UFEM. Aunque enseguida compensa: “Pero por supuesto no es un cambio acabado. Todavía seguimos viendo sentencias gravísimas, como la de Lucía Pérez, con argumentaciones estigmatizantes, y el foco puesto en la mujer asesinada y no en la responsabilidad de los autores”.

Otra deuda todavía pendiente es un registro único de femicidios. Las cifras cambian según el organismo y su perspectiva para cuantificarlas. Como abogada penal recibida con diploma de honor en la UBA, Labozzetta prefiere los datos que surgen de un expediente judicial.

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Parece superficial: un número más o menos, pero detrás de cada cifra falta o sobra una mujer, trans o travesti. “Está mal sobredimensionar o subestimar el fenómeno. Desde el punto de vista del Estado es importante que los datos sean certeros, porque sólo así se podrán desarrollar políticas de prevención y persecución criminal”, marca Labozzetta.

“No es lo mismo saber que las mujeres son asesinadas por sus parejas que tener cuantificado que son asesinadas en circunstancias de trata o narcotráfico. El despliegue de recursos del Estado para combatir uno u otro escenario es distinto”.

Entre las funciones de la Unidad Fiscal que dirige Labozzetta está que la perspectiva de género cambie la forma en que se investiga y se juzga la prueba en un hecho de violencia. Su trabajo fue fundamental en causas como la que se hizo contra Cristian Aldana -líder de El Otro yo y condenado a 22 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores- o en la denuncia que presentó en Nicaragua la actriz Thelma Fardin​.

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“El derecho penal siempre llega tarde. No puede prevenir porque sanciona hechos cometidos. Pero a nivel mensaje su función es central. En la medida en que la impunidad se siga sosteniendo, el mensaje será que está habilitado matar a una mujer en forma violenta. Y el mensaje estatal tiene que ser que es intolerable”, dice. “Ahí, sobre esos crímenes, hubo avances, pero ahora estamos en situación de pensar por qué todavía somos incapaces de detener estas muertes”.

DD