Archivan la causa contra Máximo Kirchner y dirigentes de La Cámpora por el financiamiento de campañas políticas

las coimas donde se investigaba un circuito de aportes ilegales que se habrían aplicado para el financiamiento de campañas políticas. La decisión de la magistrada se dio luego de que el fiscal Jorge Di Lello rechazara las acusaciones contra los imputados.

La magistrada determinó archivar el caso al entender que no tenía acción de la fiscalía, que no encontró pruebas suficientes para acusar al hijo de la vicepresidenta y otros referentes de La Cámpora.

Di Lello, en su pedido al que hizo lugar la jueza Servini, puso en duda la validez de la confesión del ex funcionario K José López, quien había admitido la entrega de bolsos con dinero ilegal en la jefatura de Gabinete de ministros para financiar la campaña de candidatos de La Cámpora en 2013, tal como había registrado el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos.

En su momento, el fiscal objetó la declaración de López por no haber sido filmada y por la carencia de prueba documental que la sustente. Por ello y con críticas a la causa de los cuadernos, pidió el sobreseimiento de los imputados en este tramo.

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Junto a Máximo Kirchner se investigaba a Eduardo “Wado” de Pedro, José Ottavis, Andrés “cuervo” Larroque, Julián Alvarez, así como también a los ex intendentes Enrique “Japonés” García (Vicente López) y Ricardo Ivoskus (San Martín), y al empresario Sergio Szpolszki, en un expediente vinculado al caso que investigó el juez Claudio Bonadio.

Después de pasar por el juzgado que tuvo a su cargo Sergio Torres, esta parte de la investigación fue derivada a la jueza con competencia electoral María Servini, al entender que se podría estar frente a un delito vinculado las campañas políticas, más que a la estructura de sobornos.

A los líderes de La Cámpora se los indagó después de considerar los dichos del ex secretario de Obras Públicas como imputado colaborador. En su extensa confesión, hizo referencia a los principales dirigentes del espacio político como receptores de dinero ilegal que se habría volcado a campañas políticas.

Pero el juez Claudio Bonadio sostuvo que no era posible afirmar que los dirigentes políticos “hayan participado del sistema de recaudación de fondos de la asociación ilícita comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, sino que su conducta se habría circunscripto a la recepción de dinero para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente”.

Por ello, todo quedó circunscripto al comportamiento de los integrantes de La Cámpora vinculado “al posible financiamiento espurio del partido “Frente Para la Victoria”, las agrupaciones satélites y las campañas electorales referidas”.

Al analizar la situación, el fiscal Di Lello indicó que “corresponde estudiar con la prudencia y precisión jurídica que requieren estas cuestiones, la admisión de que una investigación se funde en elementos probatorios cuya comprobación fáctica resulta imposible, al menos hasta ahora“, criticando la validez que se le dieron a los dichos de José López.

¿Qué había dicho el ex funcionario K? “Desconozco si De Pedro conocía el sistema de recaudación. La organización de la Cámpora era atípica, Larroque, Julián Álvarez, y De Pedro tenían peso, Máximo lo manejaba más con el teléfono y Axel Kicillof, si bien estaba dentro del grupo, lo veían más como un técnico, pero tenía mucha más llegada a Cristina”.

En otro tramo de su indagatoria, el ex secretario de Obras Públicas indicó: “De Vido me dijo ‘hiciste bien porque nosotros estamos financiando a De Pedro’. El financiamiento de De Pedro era general, no para un distrito en particular”. Y concluyó: “Estuve en una reunión con De Vido y llegó Olazagasti (José María, ex secretario privado del ministro) y comentó que sí había financiamiento a los ‘chicos de la Cámpora’, que eran Wado, Larroque, Julián Álvarez y Ottavis. Máximo estaba al tanto de todo el financiamiento de la Cámpora, y hablaba diariamente varias veces con su madre por este tema”.

Una aclaración: todas las referencias a “financiamiento” corresponderían a dinero proveniente de los sobornos recaudados entre los contratistas del Estado.

El fiscal con competencia electoral puso en duda la veracidad de los dichos de José López: “No habiéndose cumplido en la declaración de José López con los requisitos dispuestos por el art. 6 de la ley 27.304, resultando la documentación soporte de la causa de dudosa eficacia probatoria, junto a la descripción meramente genérica de los hechos imputados en las indagatorias tomadas con referencia al suceso aquí analizado, resultan insuficientes para ser valorados y para proceder en estos actuados”, dictaminó.

Puntualmente, sobre los presuntos delitos electorales que se le imputan a los acusados, Di Lello planteó que “el hecho y las pruebas imputados resultan imprecisos y vagos, contraponiéndose con el derecho de defensa en juicio”.

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El fiscal Di Lello hizo mención en su escrito a los seis cuadernos que el periodista Diego Cabot aportó ante el fiscal Carlos Stornelli y que guardarían relación con aquellos ocho cuadernos que dieron origen a la causa. “La sorpresiva y reciente aparición de los que, aparentemente, serían los originales de 6 cuadernos, no generan tampoco la certidumbre necesaria para su valoración en estos actuados, toda vez que su presunto autor, como se ha referido, manifestó haberlos quemado, y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio conforme las pautas del proceso penal respecto a las pruebas documentales”.

En este punto, indicó que no fue posible someter dichos cuadernos a pericia de “longevidad de tintas, a fin de probar que las anotaciones fueron efectuadas en los momentos en que indica el Sr. Centeno, ni tampoco se pudo conocer con exactitud si las fotocopias representan la totalidad de los manuscritos del mismo”.

JPE