Un nuevo capítulo en la disputa entre las tabacaleras se produjo al conocerse la denuncia que la firma Sarandí realizó a la multinacional Philip Morris – Massalin Particulares y a ex funcionarios
del gobierno de Mauricio Macri por considerar que realizaron una reforma impositiva para beneficiar a las grandes empresas del sector.
Esa fue la respuesta de Sarandí tras la denuncia realizada por la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones ante la Corte Suprema, en la que argumentaban la “gravedad institucional” generada por la eximición a esa empresa de tributar el impuesto mínimo fijado por la ley 27.430 por la comercialización de atados de cigarrillos.
Sarandí, que presentó una cautelar y fue eximidida de pagar ese impuesto tras la resolución de la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre, argumentó que Massalin Particulares y ex funcionarios de Macri impulsaron la reforma impositiva al tabaco que reduce alícuotas para grandes corporaciones, e introduce un impuesto mínimo perjudicando a las pequeñas y medianas empresas.
En la querella presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Sarandí argumentó que Massalin Particulares, que tiene más del 70% del total del mercado, y funcionarios de la AFIP, ministerio de Hacienda y la secretaría de Salud, utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar este sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430.
“Es importante alertar que en estos procesos participaron importantes ministros, secretarios, y directores de AFIP, ligados al macrismo, tendientes a favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas. Son los verdaderos dueños de la economía y el esfuerzo de los argentinos”, afirmaron representantes de Tabacalera Sarandí.
La reforma, dice la denuncia, fue “armada como traje a medida” para empresas multinacionales y “perjudicó directamente al sector Pyme de esta rama de la industria y desfinanció el sistema de salud”.
En la querella, Sarandí argumentó que la reducción benefició exclusivamente a las grandes empresas que son las que comercializan las marcas más caras, por ejemplo, Marlboro; Phillip Morris; Benson & Hedges; Parliament; Virginia; L&M, todas de la firma Massalin Particulares.
Los tabacaleros de misiones denunciaron el viernes a Sarandí por considerar que “el mercado de cigarrillos se distorsionó gravemente por el otorgamiento de las medidas cautelares”.
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