El gobierno español anunció ayer la apertura de una investigación de un confuso episodio que se produjo el viernes en la embajada mexicana en La Paz, donde se encuentran refugiados varios ex funcionarios del gobierno del ex presidente Evo Morales, que para el gobierno de Bolivia pudo haberse tratado de un intento de liberar a los asilados en la legación diplomática.
Entre los asilados en la embajada están los ex ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Cultura, Wilma Alanoca, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión de la fiscalía por los cargos de “sedición y terrorismo”.
Denuncia. El viernes, Bolivia denunció que diplomáticos españoles, junto a su personal de seguridad encapuchado y armado, intentaron ingresar a la embajada de México e indaga si fue parte de un plan de fuga.
“Personas que fueron identificadas como funcionarios de la embajada de España en Bolivia, acompañados por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz”, dijo la canciller boliviana Karen Longaric.
Según fuentes españolas, los diplomáticos eran la encargada de Negocios de la embajada, Cristina Borreguero, y el cónsul, Alvaro Fernández, y su decisión de visitar la embajada mexicana no había sido informada a la canciller española, Margarita Robles.
En otro vehículo viajaban cuatro escoltas de la embajada, pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, que fueron obligados a retirarse en medio de insultos de los vecinos, mientras que los diplomáticos lograron ingresar.
Las fuentes españolas subrayaron que los escoltas se cubrieron al ver fotógrafos y se negaron a identificarse.
Desmentida. En un comunicado divulgado el viernes por la noche, la Cancillería española anunció la apertura de la investigación y negó “rotundamente” que el episodio “tuviera como objeto facilitar la fuga de personas” de la embajada mexicana, sino que se trató exclusivamente de una “visita de cortesía”.
La presencia permanente de policías afuera de la embajada mexicana motivó esta semana la protesta reiterada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que denunció “hostigamento y amedrentamiento”.
El canciller Marcelo Erbrard incluso adelantó que demandará a La Paz ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).