En un momento de crisis económica y ajuste en todos los sectores de la sociedad, la Corte Suprema de Justicia resolvió un aumento del 150% y fijó en $100.000 el monto
del depósito para acceder en queja al máximo tribunal. El objetivo es desalentar por la vía económica la presentación de recursos que hayan sido denegados por las cámaras de apelaciones y cortes supremas provinciales.
Es que la mayor parte de los expedientes que analiza la Corte Suprema llegan en queja al máximo tribunal, luego de haber sido rechazado el recurso extraordinario federal por las instancias inferiores de justicia. El promedio de causas que resolvió la Corte fue de 12.000 en los últimos cinco años, hasta 2018; mientras que en 2019 estiman que ya se resolvieron unas 25.000 causas judiciales.
Con la firma de todos los ministros de la Corte, la Acordada 40/19 dispuso que el nuevo monto “se aplicará para los recursos de queja que se presentaren a partir del 1 de enero de 2020”. Allí Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y su presidente, Carlos Rosenkrantz, señalaron que el aumento en el monto surge “sobre la base de una apreciación atenta de la realidad, semejante a la llevada a cabo en oportunidades anteriores”.
Fuentes cercanas a la Corte señalaron a Clarín que con esta medida se busca desalentar la presentación de recursos “por parte de aventureros o que presentan inconsistencias técnicas”. Y pusieron el ejemplo de la Corte de los Estados Unidos, donde se resuelven 100 casos por año, frente a los 25.000 que resuelve este año la máxima instancia judicial de la Argentina.
De esos 25.000 casos, hubo 16.000 que fueron de jubilados, “que no pagan el deposito por ir en queja a la Corte”. Y otros 5.000 por remuneraciones de personal militar y policial, que fueron apelados por el Estado, quien paga por esos recursos, dijeron fuentes cercanas a la Corte.
El monto para reclamar en queja a la Corte se había fijado en $40.000, en diciembre del año pasado; y en $26.000, a fines de 2016. Al pasar a los $100.000 que costará a partir del 1° de enero, representa un 150% de aumento interanual, que no se condice con el incremento inflacionario que hubo durante este año.
Por eso, para los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Daniel Sabsay, con esta decisión se restringe el acceso al máximo tribunal de Justicia, ya que menos gente podrá pagar ese dinero para presentar su caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Las otras opciones que hay para no tener que pagar ese dinero son que la instancia inferior haya aceptado la presentación del recurso extraordinario federal, que ocurre en menos del 10% de los casos; o que se pida litigar sin gastos, para lo cual hay que demostrar que se carece de bienes, como un auto o un departamento.
“Pero si fue rechazado el recurso en la instancia inferior y uno tiene un auto o un inmueble, deberá pagar $100.000 sólo para que la Corte analice su caso”, dijo Gil Domínguez a Clarín. Y agregó: “Esto limita la llegada de casos de gran impacto público, que carecen del dinero para poder pagar ese recurso de queja ante la Corte“.
Para Sabsay, se trata de “una violación del libre acceso a la Justicia, que está reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica”. Según su visión, la Corte Suprema pone una traba económica para limitar los casos que llegan a la máxima instancia judicial, lo cual además “viola el principio de igualdad ante la ley”.
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