El juez Sebastián Ramos dio por clausurada la investigación y envió a juicio oral por lavado de dinero a Lázaro Báez, a Cristóbal López y Fabián De Sousa -entre otros acusados-.
Es en la causa donde se investigó una serie de operaciones de compra venta de un enorme terreno en la localidad de Comodoro Rivadavia.
Los dueños del Grupo Austral y del Grupo Indalo fueron investigados conjuntamente por “sucesivas compraventas de un inmueble emplazado en la ciudad de Comodoro Rivadavia”. Se trata de unos 3.200 metros cuadrados ganados al mar, que las firmas “Servicio Integral Alem” (de Báez) e “Inversora M&S” (de López) comercializaron entre ellos en lo que para la Justicia es una “clara maniobra de lavado”.
Fue la Sala I de la Cámara federal porteña -integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia- la que confirmó hace meses la acusación, señalando que se “encuentra suficientemente acreditada” la maniobra de blanqueo.
La causa expone dos operaciones utilizadas para “introducir en el mercado dinero proveniente de un ilícito penal, valiéndose a tal fin de la concertación de un precio por un bien inmueble que se hallaba sustancialmente por encima de su valor real”, indicaron los jueces.
Se explicó que, por un lado, se operó con la cesión de derechos acordada en junio de 2014 entre Servicio Integral Alem SRL e Inversora M&S sobe el terreno identificado como lote 2, manzana 61A, ubicado en Comodoro Rivadavia por 1 millón de dólares. Por otro lado, se realizó la cesión de derechos sobre el mismo bien, esta vez entre Inversora y el Banco Finansur (ambos de López) aprobada en septiembre del mismo año, pero por el doble de su valor: 2 millones de dólares.
El terreno investigado cuenta con una superficie de 3.200 metros cuadrados, y junto a otro terreno adyacente tiene un valor superior a los 2,5 millones de dólares. El inmueble perteneció inicialmente a Servicios Integrales Alem SRL, una firma de Lázaro Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.
Para el juez Ramos, la documentación recolectada durante la instrucción corroboró que el 50% del lote ascendía a 880.550 pesos a 2011. Integral Alem había abonado la mitad del precio en 1999, antes de que es firma fuera comprada por Báez.
Por tanto, la valuación total del inmueble era de 1.761.100 pesos en diciembre de 2011, lo que al tipo de cambio de aquel momento arroja 413.400 dólares.
Pero luego, la cesión de derechos sobre el inmueble aprobada por los directorios de ambas empresas quedó reflejada en el acta donde se consignó que se hacía por 1 millón de dólares.
La investigación no se agota en esta operación “sino que poco tiempo después habría tenido lugar una nueva operatoria sobre el mismo bien, con la intervención de Inversora M&S y el Banco Finansur” que integran el Grupo Indalo.
En este caso, cedieron el terreno entre estas firmas por 2 millones de dólares, según consta en el acta donde figura Cristóbal López.
Los argumentos de las defensas señalando que la construcción que se proyectaba realizar en el lugar justificaba el incremento del valor, fue calificada de “insuficiente” y “no se condice con el vertiginoso tratamiento y aprobación de la cesión”, y se consigno en el expediente que las operaciones analizadas en la causa “se habrían pactado por un precio que resultaba ampliamente superior al valor del inmueble”.
El embargo en esta causa es de 30 millones de pesos a cada uno de los acusados, considerando que la maniobra de blanqueo rondó los 3 millones y se aplicó la multa mayor: diez veces el dinero involucrado.
Lázaro Báez y Cristóbal López -ya excarcelado- compartieron el penal de Ezeiza por diferentes causas. Enemigos públicos desde que ambos conocieron a Néstor Kirchner, ya compartían un procesamiento por lavado de dinero en la causa Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner de la que fueron los principales inquilinos.
Delito precedente
En el caso de la primera operación con la empresa de Lázaro Báez, la operación podría vincularse, según la resolución, a las maniobras defraudatorias que se investigan alrededor de la obra pública que obtuvo el Grupo Austral en Santa Cruz. Esta causa se encuentra en juicio oral, en el que Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que habría favorecido al contratista K con 52 obras por 46.000 millones de pesos.
Por otro lado, la intervención de las empresas de Cristóbal López y “el origen ilícito de los bienes que pretendían blanquearse reside en una presunta defraudación al Fisco”. Se trata del expediente que también está en juicio oral donde se acusa de defraudación agravada al dueño del Grupo Indalo y a su socio Fabián De Sousa, junto a Ricardo Echegaray, por no pagar el Impuesto a los Combustibles generando una deuda de 8.000 millones de pesos.
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