Después de publicada la Ley de Emergencia en el Boletín Oficial, Axel Kicillof diseñó el segundo soporte de supervivencia económica de su gestión: la nueva ley impositiva que
contempla aumentos de hasta 54,6% en los gravámenes provinciales.
Ese decir, según la explicación que dieron en Gobernación “un incremento igual a la inflación estimada para el año” y que -por lo tanto- no representa “mayor presión impositiva en términos reales”.
Tras Nochebuena y Navidad, el jueves será el debate. Se afectarán todas las actividades y los bienes que tributan al fisco provincial. Los pilares del diseño de ley impositiva son estos de acuerdo con el argumento oficial: la Provincia atraviesa “una situación emergencia”. Para atender las urgencias y prioridades “es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial”, y con la reforma se pretende “hacer más justa la recaudación”.
Así, Kicillof propone para Ingresos Brutos, mantener la alícuota vigente, tal como autorizó el Gobierno nacional al suspender la aplicación del Consenso Fiscal. Para el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en promedio, la actualización está por debajo de la tasa de inflación. Pero además se incorporó un “criterio progresivo”: las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada (aquellos más chicos tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15% respecto al año pasado).
El trámite que viene después de Navidad es complejo. El Frente de Todos dispone de mayoría en Diputados, pero está condicionado en el Senado porque no completa el quórum. De acuerdo con el adelanto informativo aportado desde la Gobernación, la presión tributaria recaería sobre aquellos sectores de mayor poder adquisitivo.
El gobierno anterior había firmado el Pacto Fiscal con Mauricio Macri para atenuar la carga impositiva. María Eugenia Vidal bajó la presión sobre Ingresos Brutos. Pero, caído ese Pacto, ahora Kicillof queda liberado para el ajuste.
La Ley Fiscal debió haberse tratado con el Presupuesto 2020 antes de noviembre de este año. Pero, en medio de la tensión electoral, el tratamiento resultó diferido al nuevo gobierno. Kicillof decidió prorrogar el cálculo de gastos y recursos 2019. La oposición se lo permitió hasta abril del próximo ejercicio, junto con la Ley de Emergencia.
Mientras, el gobernador necesita plata fresca. Los requerimientos inmediatos son 40.000 millones de pesos para completar el pago de sueldos y aguinaldos (que ya empezaron con el cronograma) y otros 50.000 millones de pesos destinado a compromisos con proveedores del estado, que registra, en muchos casos, un atraso de cinco meses.
El trípode que completa esas previsiones es el diálogo con acreedores privados externos, que admitieron hace unos días desde el Ministerio de Economía. En enero, Buenos Aires tiene un vencimiento por 570 millones de dólares.
“Como anticipé que habría que dar amplias facilidades de pago a los que tienen deudas porque su nivel de rentabilidad fue muy bajo, también hay que tratar de gravar más a aquellos que tienen más poder de ingresos o patrimoniales”, dijo hace 72 horas Kicillof.
Ahí entra el tema impositivo. El fisco espera recaudar 30.000 millones de pesos adicionales con el nuevo ajuste impositivo. Por las dudas, el gobernador se puso a resguardo: “Hay que tener en cuenta la capacidad contributiva para que la estructura tributaria sea progresiva, porque cuando todos los niveles de ingreso o de patrimonio pagan impuestos de igual manera los tributos se vuelven regresivos e injustos”, sentenció.
La premura recaudatoria determina este tratamiento contrarreloj, en el marco de las sesiones extraordinarias del parlamento. El jueves también se trata el nombramiento de los directores del Banco Provincia, donde la oposición quiere colocar tres miembros. María Eugenia Vidal (PRO), la UCR y la CC presionarán por esos cargos en el directorio del Bapro. Al punto de condicionar las conversaciones. Vidal hará el seguimiento hasta el 26, después viaja a Francia para unos días de descanso con Enrique “Quique” Sacco.
Durante la discusión por la Ley de Emergencia, las bancadas legislativas aceptaron el tono de la crisis y favorecieron la “gobernabilidad”. Incluyó un congelamiento –por seis meses- de las tarifas eléctricas-. La coalición opositora sostiene que no negará instrumentos de gestión al Frente de Todos, pero con estricto control de las acciones.
Una de las controversias es el carácter de la deuda pública, que pasó de 9.362 millones de dólares en 2015 a 11.263 millones actuales. Representa 20% de incremento en moneda extranjera y casi el quíntuple en pesos, después de las devaluaciones.
Por cuerda separada, en simultáneo con la preparación del proyecto de reforma de la Ley Fiscal, Kicillof completó la primera colocación de Letras del Tesoro de su administración. Resulta casi una formalidad porque es el último tramo del programa de letras de la provincia de Buenos Aires, prevista en el presupuesto 2019.
El gobierno licitó y pudo renovar mediante letras casi 6.000 millones de pesos, a una tasa conveniente aproximada del 6%.
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