Los productores agropecuarios siguen disgustados con las retenciones. Todos, sin distinciones, las ven como “un impuesto distorsivo, que castiga a la producción y a las necesarias exportaciones”. La mayoría tiene
un profundo enojo, aunque muchos logren contener la bronca.
En ese marco, que esta semana no haya comenzado con el anuncio de un paro, sin cortes de rutas, pero con cese de comercialización de productos no perecederos, tuvo que ver con una firme voluntad de negociación desde ambos lados, desde el Gobierno y desde los principales dirigentes del campo.
Tras las dos subas de los derechos de exportación, en 10 días, que duplicaron el gravamen para el maíz y el trigo hasta un 15% y llevaron el de la soja a un tope de 33%, desde casi todas las provincias surgieron pedidos a las entidades gremiales nacionales para que se realicen medidas de protesta.
La tensión lleva varios días. Mientras la ley de Emergencia Económica avanzaba en el Congreso, se sucedían a la par de negociaciones contra reloj que permitieron edulcorar la letra legislativa. Pocos quedaron conformes con los artículos sobre segmentación y compensaciones –en particular, porque resta aclarar las precisiones reglamentarias-, pero lograron que no se tensara la cuerda del todo.
La difícil contención de las bases
En ese sentido, cuando se les pregunta a los jefes ruralistas cómo lograron contener a los productores de base, que desde todos lados pedían plantar bandera en tono confrontativo, aparecen factores clave.
“El Gobierno tiene interés en escucharnos. No me siento ignorado. Que el ministro Basterra nos atienda siempre el teléfono celular y nos consulte sobre determinados temas, y hoy el Presidente nos invitó a conversar… todo eso nos deja abierta la expectativa a un entendimiento”, dijo a Clarín uno de los presidentes de la Mesa de Enlace, seguro de reflejar el espíritu mayoritario de sus pares.
“Estamos buscando en los grises”, explica Jorge Chemes, cabeza de una amplia red de centenares de rurales del interior, que delegaron en su líder la posibilidad de agotar las instancias de consenso posibles.
“Queremos salir de la antinomia retenciones sí o no”, agregó Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro, que si bien es el más cercano al Gobierno dijo que los dirigentes del campo están “unidos”, con lo cual relativizó la perspectiva de un disgresión de la Mesa de Enlace. Y pidió al Ejecutivo “debatir una política agroindustrial”, con previsibilidad y accesos a créditos.
“Los pequeños productores no podemos ser meros espectadores en este tema”, destacó Carlos Achetoni. Y advirtió que la comisión de técnicos y entidades prevista en la ley, “debería tener voz y voto en las definiciones sobre derechos de exportación. Lo hizo luego de que, en las frenéticas horas de discusión en Diputados, en el definitivo artículo 53 se dejó la frase “para que se expidan al respecto…” pero se eliminó el final: “… y justifiquen eventuales modificaciones”.
El titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, se ubica entre los más críticos del nuevo escenario, pero igual hoy le pondrá el cuerpo – con su vicepresidente Carlos Vila Moret- buscando “una moderación al impacto” causado por las retenciones.
A los dirigentes nacionales del campo los une también la vocación de dejar la grieta en el pasado. Aseguran que no quieren confrontaciones, aunque necesitan con cierta urgencia que el Gobierno avance en medidas concretas para aliviar la presión fiscal al campo. “Que entiendan –dicen- que estamos cansados de que siempre se rasque de la misma olla. Podemos poner el hombro, somos conscientes de la situación social del país, pero debemos buscar alternativas, porque el interior está destruido.”
En definitiva, lo que el Presidente, el ministro y los ruralistas pondrán este lunes a la tarde sobre la mesa será la muñeca política para acercar posiciones, todavía cerca de la diplomacia pero lejos en los bolsillos.
La Mesa de Enlace pedirá que la suba de las retenciones quede lo más lejos posible de los topes. No va a ser fácil, porque Alberto Fernández cuenta cada uno de los dólares que espera recaudar con la Ley que impulsó para tomar las riendas del país. Son US$ 2.665 según calculó la SRA. De ello, por ahora sólo US$ 24 millones irían al Fondo Solidario de Competitividad Agroindustrial. Y aún no se sabe cómo se distribuirían.
El desafío de todos será encontrar puntos grises que permitan terminar la reunión con buen semblante. Quizás no brinden por las Fiestas pero, si logran acercarse a lo que todos dicen pretender, podrían posar para una foto amistosa.
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