Para el juez federal Walter López Da Silva, Lázaro Báez lideró una asociación ilícita que le produjo al Estado en tres años un daño patrimonial en torno a unos 673 millones
de pesos. El amigo de los Kirchner contó con el aporte de dos empresarios y un contador de Bahía Blanca como organizadores y ocho hombres más, entre ellos su hijo Martín, como miembros de esa supuesta banda delictiva.
Cinco años después de iniciada la causa a partir de una auditoría fiscal de la AFIP, y luego de 16 meses de las indagatorias, el magistrado resolvió la situación procesal de los 14 imputados. Ninguna contempla la prisión preventiva, ni siquiera la del empresario patagónico. La resolución se completa, como adelantó Clarín, con dos faltas de mérito y doce embargos.
El más oneroso, el de Lázaro, por 120 millones de pesos. Le siguen los de los empresarios Silvio Luis Ficcadenti y José Antonio Ferreyra y el contador Rogelio Chanquía con 70 millones. Para Martín Báez, Franco y Enzo Ficcadenti, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra, Mario Sebastián e Iván Fernando Pedraza y el financista Néstor Manuel Piñeiro la sanción es de 40 millones de pesos.
Quienes seguirán vinculados a la causa, ni procesados ni sobreseídos, son Mauro Ficcadenti y Jorge Atilio Ferreyra. En la misma resolución, el juez dictó falta de mérito para 11 investigados por el delito de lavado de activos, cuya imputación se agregó luego a la inicial de asociación ilícita tributaria en el marco de la causa que sufrió numerosas trabas.
En junio de 2015, la mayoría K en el Consejo de la Magistratura desplazó al juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez que había encargado varias medidas de prueba. Lo reemplazó Alejo Ramos Padilla, quien en seis meses de suplencia mantuvo el expediente en su despacho. Antes de la llegada de Da Silva, en noviembre de 2016, otros dos jueces foráneos al fuero bahiense apenas sí pudieron ocuparse del voluminoso expediente.
El juez plantea que los grupos Ficcadenti y Ferreyra habrían emitido facturas falsas a Austral Construcciones que les contrataba “servicios” o les adquiría “bienes” que aquellos no podían prestar o no tenían y que la empresa de Báez no necesitaba. Por esa acción, el grupo del empresario patagónico les habría pagado el total del importe con cheques para que figurase en sus libros.
Los grupos emisores cambiaban esos valores por dinero físico en la financiera bahiense Crediba, propiedad de Piñeiro, y gran parte de ese monto facturado apócrifamente, volvería, también en efectivo, a Báez. “Este obviamente no lo ingresaba al circuito contable y lo mantenía ´en negro´ manteniendo los grupos emisores para sí un porcentaje de ese dinero como ‘contraprestación’ por la provisión de las referidas facturas falsas” explica López Da Silva.
Con el cambio de calificación, el tope de pena en expectativa para Báez, como jefe del grupo, se reduce de 15 a 10 años. En sus fundamentos, el juez vinculó los hechos con las causas “ruta del dinero K” y Vialidad Nacional, que afronta Lázaro. También ligó las maniobras con el presunto encubrimiento de las mismas por parte de Ricardo Echegaray y Ángel Rubén Toninelli.
En este sentido, López Da Silva abrió otra causa y le giró el expediente al fiscal Antonio Castaño para que investigue si ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos cometieron delitos. Quiere determinar si desde sus distintos puestos jerárquicos del organismo en Bahía Blanca y Mar del Plata, entorpecieron las auditorías ya en marcha contra Báez y sus socios.
En base a un informe de AFIP, el juez advierte dos momentos respecto de la actuación de sus funcionarios en el control de las empresas involucradas. “Uno en el que se siguieron los pasos precedentemente reseñados (informe de investigación, descargo, orden de intervención y e informe de fiscalización) y otro posterior, en el que ocurrieron diversas circunstancias que permiten presumir ciertas irregularidades” sostiene López Da Silva.
“Se avisoran elementos que permiten tener una inicial sospecha de la eventual comisión del delito de lavado de activos por parte de los imputados, sin perjuicio que entiendo que deben profundizarse los análisis investigativos que permitirán arrojar mayor precisión sobre la cuestión” concluye además el juez, respecto del segundo delito que investiga.
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