Una de las causas vinculadas al esquema de coimas de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina quedó a un paso del juicio oral: La Cámara Federal de Casación Penal confirmó
los procesamiento por cohecho de varios empresarios contratados para construir una planta potabilizadora de agua en Tigre y otra de tratamiento de residuos cloacales en Berazategui, a través de la empresa estatal AySA.
Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y los ex directores de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, quedaron a un paso de ir a juicio oral después de que la Casación confirmó este viernes los procesamientos de los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini, procesados como coautores de cohecho activo.
La decisión fue de la Sala III del tribunal, que rechazó las apelaciones de siete de los acusados respecto al procesamiento firmado por el juez Sebastián Casanello y confirmados luego por la Sala I de la Cámara Federal Porteña.
Se trata de la primera confirmación de procesamientos en un expediente vinculado a las supuestas maniobras corruptas de Odebrecht.
La elevación a juicio oral se realizará cuando se concluya un peritaje ordenado por la Cámara Federal porteña, para determinar el perjuicio al Estado. Según fuentes judiciales, el trabajo se encuentra con un importante avance.
El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. En este caso, el juez Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron los contratos para dos plantas potabilizadoras a cargo de AySA y que terminaron en manos de Odebrecht en sociedad con empresas locales.
Fueron dos los proyectos los investigados por el juez Sebastián Casanello. El primero de ellos apuntaba a la ejecución y puesta en marcha de la Planta Potabilizadora “Paraná de las Palmas”, fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht S.A. -50%-, “Supercemento SAIC” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos S.A.” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.” -16,66%-.
En el segundo de los contratos, consistente en la construcción de la Planta Depuradora “Sistema Berazategui”, resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa S.A. -60%- y “Esuco S.A.” -40%-.
Cuando la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos, consideró que hubo “un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios particulares para direccionar en perjuicio de los intereses del Estado los procesos licitatorios de dos proyectos de AySa”.
En una segunda etapa, se acreditó “las dádivas que como contrapartida las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas el primer proyecto”.
Casanello también había solicitado la extradición de los ejecutivos de las firmas brasileñas Odebrecht y Cartellone, y trabó un embargo de 500 millones de pesos tanto para los acusados como para las empresas involucradas: Odebrecht Argentina, Esuco, Benito Roggio, Cartellone y Supercemento. Luego, la Cámara Federal modificó los montos de esos embargos: 255 millones de pesos para Odebrecht, 121 millones para Esuco, 85 millones para Benito Roggio, Cartellone y Supercemento, y 182 millones para la brasileña Camargo Correa.
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