Primero fue el reclamo por los fondos que recibe la Ciudad por parte de la Nación. Cristina Kirchner lanzó la primera piedra y criticó con dureza el estándar de vida de
los porteños. “Hay una asignación de recursos muy desigual que es profundamente injusta e inequitativa. Desde hace tiempo, la Capital concentró riquezas postergando al resto de la periferia”. Santiago Cafiero, jefe de gabinete de Alberto Fernández, se pronunció luego en la misma línea. “El presupuesto de Matanza es similar al de una Secretaría porteña”, le dijo a Clarín.
El segundo encontronazo con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está relacionado con los servicios públicos. En particular, la electricidad. Aunque el caso también involucra a la provincia de Buenos Aires, administrada por Axel Kicillof.
En mayo de este año, el gobierno de Mauricio Macri concretó el traspaso de las concesiones de Edenor y Edesur, a la jurisdicción de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
En el acta de acuerdo, los distritos porteño y bonaerense se comprometían a crear un nuevo organismo de control que sería denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE). Este, debía monitorear el servicio eléctrico, además de fijar las tarifas. Pero nunca se formó. Lo que sí empezaron a cumplir ambos distritos fue el pago de la tarifa social. La Ciudad venía aportando unos 30 millones de pesos mensuales (360 millones anuales), en tanto para la provincia, algo más de 900 millones (11.000 millones anuales).
Ahora, un problema se activa con el megaproyecto de Emergencia enviado por la Casa Rosada y aprobado el jueves por la Cámara de Diputados y que, seguramente, el Senado convertirá en ley este viernes.
En el proyecto oficial, se pide -de acuerdo a los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional- mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la “Revisión Tarifaria Integral vigente” o iniciar una revisión de carácter extraordinario , a partir de la vigencia de la nueva ley y por un plazo máximo de hasta 180 días, con el objetivo de “propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”. Eso debería hacerlo a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Sin embargo, el servicio eléctrico había sido traspasado a la Ciudad y la Provincia; y era el ente bipartito el que fijaba tarifas.
¿A partir de la Ley de Emergencia, las eléctricas Edenor y Edesur volverán a la órbita de la Nación?
Edenor y Edesur operan en el área metropolitana (AMBA). Además de Capital Federal, son responsables de la luz en 20 y 12 municipios del conurbano, respectivamente.
Lo único concreto es que parece haber una zona gris al respecto, porque el ENRE volverá a ejercer funciones que por al acuerdo previo le correspondería a la Ciudad y la Provincia. Tanto CABA como provincia, hace meses que le vienen pagando a Edenor y Edesur la tarifa social.
El texto del proyecto deja mal parados a los gobiernos de Buenos Aires y La Plata porque puede ser objeto de cualquier juicio por problemas en el servicio, pero no tendrían ninguna facultad de fijar tarifas o sanciones a las empresas.
Lo lógico sería que el gobierno nacional se haga cargos de las empresas eléctricas, la tarifa al público, la tarifa social y las sanciones, o bien todo quede en manos de Larreta y Kicillof.
En medio de un contexto recesivo, con una embestida desde el Ejecutivo en el caso de la Ciudad para recortarle fondos; y una situación crítica de la provincia, con una deuda asfixiante y la compleja realidad económica del territorio más grande del país, ninguno de los dos distritos tendría – de seguro- inconvenientes en devolverle todo a la administración de Alberto Fernández.
De hecho, el gobernador bonaerense acaba de enviar -al igual que el gobierno nacional- un paquete legislativo, en el que entre otros puntos plantea la emergencia energética con la suspensión de los aumentos de tarifas por 180 días y habilita al Ejecutivo provincial a revisar el marco regulatorio del servicio de energía eléctrica.
Mientras, ya las eléctricas comenzaron a enviar sus propuestas de actualización de tarifas al 1 de enero. Pero con el paquete legislativo, todo queda stand by. ¿O no?
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