Luego de conseguir su excarcelación en una causa por asociación ilícita y extorsión, entre otras imputaciones, el sindicalista Omar “Caballo” Suárez quiso ingresar a un hotel del sindicato que dirigía, el
de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y provocó un escándalo.
El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó a Suárez el beneficio de la excarcelación, pero con algunas condiciones. Entre ellas que no podría acercarse a ninguno de los establecimientos que pertenecen al SOMU, del cual fue expulsado de por vida. Pero ¿qué hizo el sindicalista? todo lo contrario.
Suárez se dirigió el martes por la noche al hotel que el sindicato tiene en la calle Chacabuco y Caseros (Capital Federal) pero, en cuanto llegó, fue echado por el conserje del lugar.
Según contó el periodista Nicolás Wiñazki en el canal de noticias TN, Suárez llegó hasta allí con la intención de alojarse, aunque se lo impidieron. En el lugar le explicaron que sólo estaba habilitado para afiliados y le recordaron que él ya no pertenecía más al sindicato.
Suárez, entonces, según relatan las fuentes que estuvieron en el edificio a TN, reaccionó de manera violenta y comenzó a amenazar a los empleados. Su argumento era que debían permitirle el acceso por una cuestión humanitaria ya que no tenía un lugar donde pasar la noche.
No logró cambiar la opinión de quienes trabajaban en el hotel y Suárez se tuvo que retirar, sin antes decir que volvería pronto: “Voy a volver”, afirmó.
Hace dos semanas, el ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) había dejado su casa familiar para cumplir su prisión domiciliaria solo, en otra propiedad. Ese beneficio lo había conseguido en abril de este año, a raíz de los problemas de salud que padece.
El ex jefe del SOMU en aquel momento, fue trasladado a la casa de su hija bajo el monitoreo de una pulsera electrónica. En base a las nuevas restricciones implementadas a las prisiones preventivas, la defensa requirió su excarcelación.
El fiscal del juicio, Juan García Elorrio, consideró ahora que la modificación introducida “conllevaba la obligación de evaluar los riesgos procesales ya verificados con anterioridad, mediante pronunciamientos que se encuentran firmes, a la luz de las nuevas previsiones aplicables, para descartar que pudieran ser neutralizados mediante una contra- cautela menos intensa”.
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