Los nuevos anuncios del ministro Martín Guzmán apuntaron a ponerle un poco más de contenido a una definición que el funcionario llegado de la Universidad de Columbia expresó la semana pasada
en su primera aparición en público. Se refería a poner en marcha un programa con “consistencia macroeconómica”.
Su programa arrancó por mayor presión fiscal a los privados -retenciones, suba de impuestos, recargo para los consumos en dólares- y ayer reforzó o más bien profundizó con los cambios al régimen previsional, que buscan desindexar la porción más importante del gasto público, las jubilaciones y los planes sociales.
Demasiado pronto para llamarla “reforma previsional”, pero es obvio que los beneficiarios que están por arriba del haber mínimo terminarán recibiendo una mejora de ingresos menor a la que se proyectaba con la fórmula de ajuste vigente. En seis meses se sabrá el nuevo esquema jubilatorio, pero hasta entonces mandan la discrecionalidad de los decretos por encima del rigor matemático de las fórmulas.
Estos anuncios apuntan a dar señales inequívocas a los bonistas que tienen en su poder papeles de la deuda argentina. También al Fondo Monetario Internacional, que no solo pidió cambios al régimen previsional, sino que seguirá con atención el desarrollo de las conversaciones entre el Estado argentino y los acreedores.
Guzmán reconoció más de una vez que sin solucionar lo antes posible el tema de la deuda es difícil pensar en el largo plazo. Por eso las partes “ortodoxas” de los anuncios fueron bien recibidas ayer por los mercados. En esto fue crucial el hecho de que el Tesoro tomará del Banco Central 4.571 millones de dólares, cifra equivalente a los vencimientos en dólares con acreedores privados ley extranjera del 2020.
Parece claro que Guzmán quiere que el equipo negociador de la Argentina que se siente a discutir con los bonistas llegue a esa mesa dando las señales que los acreedores quieren ver: voluntad de empezar a trazar un sendero fiscal que le de al Tesoro capacidad de pago de los compromisos que surjan tras la renegociación de la deuda.
En otras palabras, a cambio de lograr algunos años de gracia para retomar los pagos de la deuda, la Argentina se comprometería a mostrar un programa más o menos consistente que les de garantías a los acreedores de que van a cobrar lo que el país prometa pagar y firme por escrito. El tema es si esa consistencia se mantiene y durante cuánto tiempo. Si algo quedó claro es que la volatilidad es la norma.
La secuencia que debe estar imaginando el equipo económico es que si se llega a alcanzar un buen acuerdo con los bonistas, lo que debería suceder al día siguiente es que la tasa de riesgo país comience a bajar. “El Gobierno necesita volver a los mercados voluntarios de deuda en un año para consolidar el plan, no hay mucho margen para vivir en la autarquía financiera” decían ayer en una consultora económica de primera línea.
En bancos internacionales consideran que las condiciones están dadas para que se alcance un arreglo rápído con los bonistas. “Los fondos de inversión quieren arreglar porque para ellos sería un incordio mandar los papeles a pérdida” ¿Incentivos para arreglar? Regularizar un activo que tienen previsionado y algo que no es menor, la Argentina les va a dar un bono con un cupón de intereses que va a ser mucho mayor que lo que pueden obtener en cualquier otro lugar. El mundo está lleno de bonos que pagan 0% de interes, si les ofrecen un papel que pague 5 o 6% lo van a agarrar”.
Y al final de este corto camino (¿marzo, abril?) estará esperando el FMI. En el mercado confían en que dado que el Gobierno está haciendo lo que pedía (retenciones, jubilaciones) mirará la escena con buenos ojos. Y actuará en consecuencia.
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