La familia del ex policía asesinado Lucas Muñoz (28) demandó al Estado rionegrino en casi 12 millones de pesos como resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos debidos al crimen del
joven ocurrido en Bariloche en 2016.
La querella fue interpuesta en el Juzgado Civil N°3 a cargo del juez de primera instancia Santiago Morán por los padres del ex agente, la madre de sus hijos y sus hermanos. La cifra de la demanda es de 11,8 millones de pesos.
El asesinato de Muñoz nunca fue resuelto a pesar de que cuatro policías, ex compañeros suyos, fueron condenados por obstrucción a la Justicia y abuso de autoridad durante el proceso de investigación y de que fue relevada toda la cúpula de la policía de la provincia por el entonces gobernador Alberto Weretilneck.
Su crimen quedó envuelto en las sombras pero está claro que la complicidad policial es parte esencial de la trama, opinan los múltiples actores de la causa.
“Este año no surgió nada absolutamente relevante”, indicó la abogada de la familia Karina Chueri a diario Río Negro. La profesional informó que fue disuelto el equipo de especialistas dedicado a resolver el crimen. En tanto que el coordinador del caso, el fiscal jefe Eduardo Fernández, se jubiló. El actual fiscal a cargo, Martín Govetti “no se puede dedicar a la causa con toda la carga laboral que tiene en la unidad fiscal a su cargo”, detalló la abogada.
“Desde la Fiscalía de Estado se está trabajando en la contestación a la demanda, y desde lo penal no hay nada nuevo”, confirma a Clarín una importante fuente provincial. En las altas esferas de Río Negro a esta altura solo hay silencios y gestos de impotencia.
El 14 de julio de 2016 alrededor del mediodía Muñoz dejó la pensión donde vivía para dirigirse hacia la comisaría 42 del barrio 2 de Abril, ubicado a unos 2 kilómetros. Vestía su uniforme, llevaba su arma reglamentaria y un bolso, según captaron las cámaras de seguridad. La noche anterior había tenido una fuerte discusión con su novia Daniela Rodia, oriunda de Villa Regina. El joven le pidió a gritos que se fuera de la ciudad porque el ambiente se había puesto “peligroso”, le relató Rodia a este diario.
Está confirmado que Muñoz llegó a la esquina de la comisaría alrededor de las 13.30 aunque ya no tenía consigo el bolso. Justo en ese lugar unos desconocidos a bordo un Chevrolet Onix gris lo llamaron. El agente se habría subido amenazado por la presencia de un arma. Fue la última vez que lo vieron con vida.
Su cuerpo apareció el 10 de agosto de ese mismo año en un descampado en las afueras de Bariloche a unos 300 metros de la ruta que conduce a El Bolsón, a 7 kilómetros del Centro Cívico. El cuerpo estaba con el uniforme y su arma reglamentaria, tenía un celular y mostraba dos disparos. Uno en la cabeza y otro en la parte posterior de una de sus piernas. Su rostro estaba afeitado. Los exámenes médicos determinaron que su muerte era reciente.
En una pesquisa posterior, realizada en octubre de 2017 por los especialistas del Cuerpo Médico Forense Javier Muñoz y Leonardo Saccomanno, se descubrió una vaina servida en el descampado por lo que se especula que Muñoz fue ultimado allí mismo.
Detrás de la muerte del agente había una compleja trama vinculada al narcotráfico en la Cordillera que involucraba a agentes y sus jefes policiales, confirmaron en su momento a Clarín altas fuentes de la policía local, de la Justicia y la provincia. Una de las hipótesis es que, en el marco de un allanamiento en la casa de un conocido narco en Bariloche, Muñoz, junto a un compañero, se apropiaron de un bolsa de cocaína y una cifra de dinero que algunos estiman en 1 millón de pesos.
Se calcula que en 2016 había policías y comisarios que recibían “sueldos” de parte de una red narco en Bariloche. Muñoz habría asaltado a su propio “patrón”, teorizan en la actualidad voces provinciales.
Durante el proceso de investigación fueron condenados a 2 años de prisión y 2 de inhabilitación el oficial ayudante Maximiliano Morales (amigo de Muñoz) y el oficial subinspector Luis Irusta por allanamiento ilegal. Ambos acudieron la noche del 14 de julio a la pensión y le hicieron creer a la encargada que se trataba de un operativo oficial. Revisaron su computadora y enviaron fotografías a un superior, el jefe del Cuerpo de Seguridad Vial David Paz, quien se las reenvió al subjefe de la Unidad Regional Tercera de Policía, Manuel Poblete. ¿Qué buscaban? Nunca quedó claro.
También fueron condenados los agentes Néstor Adrián Meyreles y Federico Oscar Valenzuela Campos a dos años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación por “abuso de autoridad”. Por pedido de Valenzuela, el policía Meyreles compró un celular haciéndose pasar por Muñoz en la localidad rionegrina de Catriel. Quedó demostrado que intentaron distraer a los investigadores haciéndoles creer que estaba vivo.
Lo último que se supo del caso fue el 14 de enero de 2018, cuando encontraron en General Roca el auto al que se subió Muñoz en 2016. El chofer habría sido identificado por algunos vecinos. Se trata de Boris Hermosilla, quien está condenado a 20 años de prisión en el Penal General Roca por un homicidio en Bariloche. A Hermosilla se lo vincula largamente con bandas narcos y policiales del Alto de la ciudad.
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