El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este martes excarcelar al sindicalista Omar “Caballo” Suárez, quien está procesado por dirigir una asociación ilícita, extorsión y entorpecer las vías navegables, entre otras acusaciones.
Suárez se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.
Hace dos semanas, el ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) había dejado su casa familiar para cumplir su prisión domiciliaria solo, en otra propiedad. Ese beneficio lo había conseguido en abril de este año, a raíz de los problemas de salud que padece. El ex jefe del SOMU en aquel momento, fue trasladado a la casa de su hija bajo el monitoreo de una pulsera electrónica. En base a las nuevas restricciones implementadas a las prisiones preventivas, la defensa requirió su excarcelación.
El fiscal del juicio, Juan García Elorrio, consideró ahora que la modificación introducida “conllevaba la obligación de evaluar los riesgos procesales ya verificados con anterioridad, mediante pronunciamientos que se encuentran firmes, a la luz de las nuevas previsiones aplicables, para descartar que pudieran ser neutralizados mediante una contra- cautela menos intensa”.
Por ello, a partir de este análisis entendió que “podía hacerse lugar a la solicitud y, en consecuencia, sustituir la prisión preventiva por las siguientes restricciones: (a) la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación; (b) la presentación mensual en la sede del Tribunal, que podía ser cumplida mediante su presencia en el debate; (c) la prohibición de salir del país sin autorización previa; (d) la entrega del pasaporte que tuviere en su poder y la interdicción de expedir uno nuevo a su nombre; (e) la prohibición de concurrir a las instituciones, entidades y empresas que se encuentran abarcadas por los objetos procesales, y de acercarse a denunciantes y testigos; (f) la prestación de una adecuada caución real y (g) la colocación del dispositivo de monitoreo de GPS del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica“.
En consecuencia, el TOF 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado- ordenó el cese de la prisión preventiva del ex sindicalista K, aunque le hizo saber a Suárez que, “en caso de incumplimiento injustificado de aquellas pautas, se ejecutaría la caución y se evaluaría el restablecimiento de la prisión preventiva”.
Así, se determinó que era “acertada la posición del Fiscal General, en cuanto propicia el cese de la prisión preventiva bajo rigurosas medidas, dirigidas a evitar cualquier posibilidad de hostigamiento de los testigos o denunciantes; es decir, la prohibición de aproximarse a aquellas personas y su control, por vía del dispositivo de geolocalización que lleva Suárez en la actualidad”.
El ex sindicalista marítimo está detenido desde septiembre de 2016 por la causa donde se lo investigó por no permitir el ingreso de barcos a los puertos. Además, está procesado en otra causa por asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta, por pedirle dinero a empresas del sector en concepto de donaciones, para permitirles el ingreso a los puertos.
Por la obstrucción de las vías navegables, el Tribunal Oral 4 debe juzgarlo por “ser el jefe y organizador de una asociación ilícita” y haber ejercido “coacción agravada” (extorsión) contra empresarios navieros y “administración fraudulenta” en detrimento del sindicato y de la obra social.
En la causa que el fiscal Gerardo Pollicita acusó además a otras diez personas del entorno de Suárez, incluidos sus laderos Rigoberto Cardozo y Jorge Vargas.
El ex secretario general del SOMU, según Pollicita, “organizó una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero en concepto de donaciones o liberalidades, sumas dinerarias presuntamente destinadas a capacitar a los marineros afiliados al SOMU”.
Del expediente se desprende que dichos fondos eran “desviados luego a través de una empresa de la que era titular y terminaban en el patrimonio personal de los acusados”, señala el dictamen del fiscal al que accedió Clarín.
En tal sentido, la justicia sostuvo que todos los involucrados en la causa, “actuaron con la doble finalidad de dañar las economías del SOMU y la OSPM (la obra social del gremio) obteniendo, a través de ello, indebidas ventajas patrimoniales para la asociación ilícita encabezada por Suárez y, principalmente, para el patrimonio particular”, del ex sindicalista.
En la causa se enumeraron cinco casos en los que el juez da como comprobado que Suárez extorsionaba a las empresas para dejarlas operar. Incluye buques metaneros que, desde 2008, empezaron a descargar gas licuado en el puerto de Escobar y que la cuenta final la pagaba Enarsa. Clarín fue el primer medio en informar de estos casos de extorsión en marzo de 2012.
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