Advierten que la ley ómnibus podría servir para que el organismo antilavado pierda su independencia

la independencia de organismos autárquicos como la Unidad de Información Financiera (UIF) que lucha contra el lavado de dinero o la Oficina Anticorrupción (OA), entre otros.

El art. 85 del proyecto de ley dice “facúltase al PEN a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

El diputado de la UCR Luis Petri advirtió que “el último artículo de la ley de superpoderes es sin dudas uno de los más graves. Faculta al PODER EJECUTIVO a efectuar el rediseño, la modificación, creación, fusión y supresión de organismos descentralizados, sus autoridades y funciones”. Así, por ejemplo la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por ley 25246, para prevenir el lavado de activos, “puede ser eliminada por un Decreto simple del Poder Ejecutivo sin ley ni Decreto de Necesidad y Urgencia”.

La diputada de la CC, Paula Oliveto, advirtió a Clarín que ese artículo busca “neutralizar a organismos como la UIF y la OA que son querellantes en las principales causas por corrupción contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios K”. Oliveto recordó que la UIF es querellante en varios juicios contra la ex presidenta. Para Petri y Oliveto, la oposición debe rechazar ese y otros artículos de la ley en el Congreso. Petri y Oliveto ya consiguieron el apoyo de otros legisladores para sostener esa posición en el bloque de Cambiemos, según fuentes parlamentarias.

Con respecto a la UIF, el artículo 85 viola específicamente “la autonomía e independencia operativa consagrada en la legislación actual y exigida por estándares internacionales (Recomendación 29 del GAFI y Carta orgánica del Grupo Egmont)”, comentó un experto a este diario.

De sancionarse ese ley, la UIF “quedará afuera del intercambio internacional de inteligencia financiera que se realiza a través del Grupo Egmont porque su estatuto exigencia autarquía de los gobiernos”, afirmó el especialista.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es un organismo global unido de unidades de inteligencia financiera (UIF). Fundado en 1995, el Grupo Egmont facilita el intercambio de inteligencia financiera, pericia y cooperación para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los informes de inteligencia son indicios rápidos que luego deben confirmar las Justicia a través de procedimientos convencionales y más lentos. El Grupo Egmont actualmente es presidido por el argentino Mariano Federici. Se trata de un nombramiento personal. Federici, un experto que antes de asumir tenía 10 años de experiencia en la materia, tiene mandato del Senado hasta marzo. Si es desplazado la Argentina perderá la presidencia de ese organismo clave.

El estatuto del Grupo Egmont señala que la “UIF tiene la autoridad y la capacidad de llevar a cabo sus funciones de manera independiente, incluida la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o diseminar información específica”.

Detalla el estatuto que como mínimo, la UIF debe tener la capacidad de: • Priorizar sus actividades analíticas a partir de parámetros que establezca; • Decidir qué datos utilizar en sus productos analíticos; • Decidir qué casos cerrar y cuándo darlos como concluidos; • Decidir cómo analizar la información que puede obtener; y • Decidir a qué organismos/personas diseminar la inteligencia financiera de la UIF y en qué formato; y • Decidir qué solicitudes contestar y de qué manera.

Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina había sido colocada en la lista gris del GAFI –un organismo internacional que fija pautas para el lavado- de países con bajo rendimiento en la lucha contra el lavado. Pocos meses después de cuando asumió Mauricio Macri, la Argentina salió de esa lista y consiguió plena cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado.