“La situación es confusa y estamos a la espera de que nos convoquen al diálogo”. La frase resume las dudas que sobrevuelan en las distribuidoras de gas y electricidad sobre la
posibilidad de que el Gobierno pueda fijar las tarifas y renegociar contratos con empresas de servicios públicos, tal como figura en el proyecto de ley de emergencia económica que llegará mañana al Congreso. No sólo eso. La intención oficial, además, es intervenir los entes reguladores (ENRE y Enargas, entre otros), cuya función es controlar y fiscalizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas por las empresas del rubro.
“Todavía no conocemos el tenor del proyecto, pero el plan de inversiones depende de la actualización de las tarifas”, dijo una fuente de una compañía de gas. Sobre un eventual freno a la revisión de los precios de los servicios, las compañías sostienen que hay datos contradictorios. Por un lado, recuerdan que el presidente, Alberto Fernández, durante la última campaña habló sobre la necesidad de desdolarizar las tarifas. Pero por otro, también subrayan que este fin de semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó en declaraciones periodísticas un congelamiento.
“Queremos sentarnos y discutir para ser parte de la solución y no parte del problema”, se anticipó el miércoles pasado en declaraciones a Clarín Nicola Melchiotti, country manager de Enel Argentina, el grupo controlante de Edesur. Desde la compañía insisten en que un congelamiento de tarifas “sería un paso atrás que eso repercutirá en el servicio”. Las distribuidoras supeditan las inversiones al cobro de las facturas actualizadas, para afrontar la suba de costos. “El 90% de los ingresos -graficaron desde una gasífera- provienen de las tarifas”. Por lo cual, razonan, una y otra cosa van juntas.
Por caso, Edenor tiene previsto invertir $26.000 millones hasta febrero de 2022, mediante un esquema de dos ajustes tarifarios anuales establecido en 2016, al inicio de la administración anterior, con el objetivo de reducir subsidios. En 2015, los clientes pagaban apenas el 10% del costo de la electricidad y el resto lo subsidiaba el Estado. Después de las fuertes subas y a pesar de las devaluaciones, el usuario promedio afronta hoy el 50% de la tarifa plena. El resto es subsidiado.
Hoy, el cronograma de actualización tarifaria está en duda. Incluso antes de las elecciones se postergaron aumentos previstos para fines de este año y principios del próximo, una tarea pendiente para la actual administración. La definición es una encrucijada, porque lo que se resuelva podría repercutir en las cuentas fiscales (si se compensa con subsidios) o bien en los desembolsos de nuevas inversiones previstos para mejorar el servicio eléctrico y de gas.
El dato central es que a partir de la sanción de ley de emergencia económica, el Gobierno podría modificar los precios del servicio y también intervenir los órganos reguladores, que en teoría son autónomos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el Indec o el Banco Central. “Las autoridades del ENRE y el Enargas no cambian con los gobiernos y son electas por concurso. El objetivo de la intervención es tener las riendas más cortas”, interpretó una fuente empresaria.
Una pista: en el día de su asunción como gobernador bonaerense, Axel Kicillof suspendió el aumento del 25% en la tarifa eléctrica, que había autorizado su antecesora, María Eugenia Vidal. En medio de tanta especulación, ayer las acciones en la Bolsa porteña de casi todas las prestadoras de servicio subieron. Las de Edenor, por caso, aumentaron 11%, aunque en el año cayeron 56,8%.
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
CARGANDO COMENTARIOS
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.