El Gobierno enviará este lunes al Congreso su proyecto de ley de “solidaridad y reactivación económica” que contiene medidas concretas para recaudar más, con una suba de impuestos, y la declaración de la
emergencia económica para que el Ejecutivo tenga mayores facultades para tomar decisiones en áreas ultrasensibles como la renegociación de los precios de las tarifas, o la manera en que se calculan los aumentos jubilatorios.
El envío del proyecto se espera para este mediodía, con ingreso por la Cámara de Diputados. Si bien el texto definitivo no se difundió, varias de las medidas se fueron conociendo en estos días, y en el fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio detalles en entrevistas que concedió a Clarín, y otros diarios.
Para el Gobierno entrante, esta ley será un instrumento clave en su plan económico de arranque. Con la premisa de “poner plata en el bolsillo” a la gente, empezando por los más castigados por la crisis, pero sin emisión monetaria que sería “desestabilizante” según expresó el miércoles pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Así, con lo que muchos consideran será un “impuestazo” se buscará generar recursos que permitan otorgar un aumento de jubilaciones y a beneficiarios de planes sociales. Cafiero anticipó que estos aumentos no estarán mencionados en la norma pero el Ejecutivo quedará facultado.
El proyecto tendría como punto de partida la declaración de la emergencia económica, que estuvo vigente hasta 2017. Y prorrogará las emergencias social y sanitaria. En el caso de esta última, para facultar al Ejecutivo a disponer medidas para recuperar programas de vacunación y, y dar incentivos impositivos para recuperar clínicas y obras sociales.
Para explicar ante los legisladores los detalles de esta “ley ómnibus”, los ministros involucrados en la emergencia irán a una reunión con los jefes de bloque de Diputados y del Senado, que fue convocada esta tarde a las 19. Concurrirían Guzmán, Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Ginés González García (Salud).
Las principales medidas, que a los fines de “hacer caja” sumarán a la suba de retenciones decidida el sábado por decreto, serán: el tributo a los gastos de turismo en el exterior, que sería fijado finalmente en 30%; el aumento en la alícuota de Bienes Personales; la imposición de un tributo a los que declararon bienes en el exterior en el blanqueo de 2016. Para el objetivo de la “reactivación productiva” se dará una moratoria “profunda” para las Pymes, para que puedan pagar sus deudas con meses de gracia y 10 años de plazo.
El Gobierno busca que el proyecto tenga trámite exprés. En Diputados quiere darle media sanción esta semana -el titular de la Cámara, Sergio Massa, ya trabaja en acuerdos con los interbloques opositores- para que el Senado la sancione antes de fin de año (se habla del 27 y 28 de diciembre) antes que venza este primer llamado a extraordinarias que convocó el Ejecutivo, a los fines casi exclusivos de esta norma.
El ritmo que quiere imponer el Gobierno genera ruidos. En Diputados deben integrarse las comisiones de Presupuesto, y de Legislación General, para darle dictamen al proyecto. Juntos por el Cambio deberá hacer equilibrio entre su declamación de ser oposición constructiva y no poner obstáculos a la gestión entrante; con las advertencias de que no concederá superpoderes a la Casa Rosada, que ya hicieron varias espadas legislativas de la ahora oposición.
El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, le dijo ayer a Clarín que “vamos a dar quórum y el debate”, pero insistió en que “no conocemos el proyecto” y dijo que deben tener tiempo para analizarlo. Advirtió: “Hay problemas pero no estamos en 2001. El Congreso no debe perder sus facultades y dar discrecionalidad, tenemos reparos a la emergencia económica que llegó en 2002 por dos años y se mantuvo 16 años”.
Los principales puntos de la iniciativa
Viajes al exterior
● Habrá un tributo del 30%. Se busca también encarecer las salidas para promover el turismo doméstico.
Bienes Personales
● Subirán los porcentajes de las alícuotas, partiendo de 0,50% para la escala más baja. No habrá cambios en los mínimos no imponibles y la vivienda única quedará fuera del cálculo del tributo, como hasta ahora.
Pymes ●
Se faculta a una profunda moratoria. Todas las deudas entran en un nuevo plan de pagos, con 6 meses de gracia y 10 años de plazo. A mitad que la tasa actual.
Consenso Fiscal
● Se autoriza al Ejecutivo a hacer acuerdos bilaterales con las provincias para suspender su obligación de reducir impuestos. Se harán según la situación productiva y fiscal de cada provincia.
AUH, jubilaciones y planes
● Se habilita la devolución del IVA en cuentas por 700 pesos a todos los beneficiarios. Se financiará desde el Tesoro Nacional.
Tarifas
● Se facultará al Ejecutivo para renegociar los contratos. estarán mencionados en la norma pero el Ejecutivo quedará facultado.
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