Gestiones de la Iglesia con el Gobierno para que el protocolo salga “acotado”

dijo que la primera acción de su gobierno sería enviar un proyecto de legalización del aborto supo que la oposición de la Iglesia era inflexible. Y que no contaba el hecho de que quien levantara esa bandera quisiera mostrarse simpatizante del Papa, ni mucho menos por su origen peronista. 

Por si a Fernández le quedaba alguna duda, las reacciones de los obispos a unas declaraciones del ex embajador en El Vaticano durante la última presidencia de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, las disiparon. Valdés dijo que Francisco iba a “comprender” la eventual legalización del aborto en el país porque es una tendencia mundial que abarcó incluso a Italia, siendo Papa Juan Pablo II. La reacción del Episcopado fue fulminante.

Pese a su ímpetu a favor del proyecto, Fernández comprobó que era incompatible iniciar una buena relación con la Iglesia y contar con su ayuda como apaciguador social, además de su apoyo a acciones como la campaña contra el hambre y, en fin, su apoyo al diálogo multisectorial, levantando con fuerza la bandera del aborto. No es que debía arriarla, pero sí dejar que se resuelva donde se debe: el Congreso, le dijeron a su lado.

Paralelamente comenzaban a tenderse puentes entre hombres cercanos a Alberto -como quien por entonces iba a ser su secretario de Culto, Guillermo Oliveri, un hombre respetado por los obispos, que ya ocupó el cargo durante el kirchnerismo- y la cúpula del Episcopado. Lo cierto es que la Iglesia no habló del aborto en la misa que ofició por la unidad en Luján y tampoco Alberto mencionó el tema en su discurso en el Congreso.

Sin embargo, había un tema pendiente, que difícilmente el nuevo presidente podía obviar: el protocolo de abortos no punibles para hacer lugar a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que hace más de un siglo prevé el Código Penal (violación, riesgo de vida de la madre). Y que, precisamente, por una ausencia de una clara normativa suele dar lugar a conflictos judiciales que terminan demorando su práctica.

Más allá del pedido de la Corte Suprema para definir un protocolo en todas las jurisdicciones y las provincias que lo hicieron (y lo cumplen), a nivel nacional el tema cobró actualidad en la semana previa al traspaso por la decisión del entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, de aprobar un protocolo que, a juicio de Macri y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, del cual dependía, era inconsulto.

En rigor, la iglesia católica y la institución evangélica más numerosa (la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas) pusieron el grito en el cielo porque consideraban que Rubinstein se había extralimitado. A juicio de ambas, Rubinstein había prácticamente legalizado el aborto sin pasar por el Congreso en las 75 páginas de la guía de su autoría.

En ese marco, era obvio que Alberto Fernández no podía hacerse el distraído. Y menos, su flamante ministro de Salud, Ginés González García, desde siempre muy partidario de la legalización del aborto. ¿Pero cómo ir adelante con un protocolo que no dañe la relación con los católicos y los evangélicos?

Otra vez los puentes entre el Gobierno y la Iglesia se tendieron. Y la salido fue al parecer acotar el alcance del protocolo. Como su texto anoche aún no se conocía, será cuestión de esperar a tenerlo y analizarlo para ver si fue efectivamente así.