La primera reacción a la huelga de hambre que realizan desde hace una semana poco más de 9.000 presos en cárceles provinciales llegó desde la Justicia. La Suprema Corte bonaerense
difundió esta mañana una resolución en la que pide a los jueces un “uso razonable” de las prisiones preventivas, reconoce las “graves condiciones de alojamiento” y plantea como posibilidad el traslado de reclusos al sistema federal o a otras provincias.
La resolución -que contiene otras recomendaciones y planteos al Poder Ejecutivo- se conoce mientras se mantiene “estable” la protesta que iniciaron los internos de varios penales provinciales el 5 de diciembre. El disparador fue una restricción en el servicio de comida por problemas con los proveedores.
Según admitió este miércoles el flamante gobernador, Axel Kicillof, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene una demora de 400 millones de pesos en el pago a proveedores de materia prima a las cocinas de las cárceles. Las autoridades que gestionaron el ministerio de Justicia hasta el martes aseguran que esas trabas administrativas fueron solucionadas. Que hay alimento suficiente para los casi 46 mil detenidos alojados en pabellones de la provincia.
A partir de ese disparador, la huelga de hambre comenzó a extenderse. Se hizo general en la cárcel de Batán, en Dolores y en Campana. Alcanzó a más de 900 presos en Olmos, Melchor Romero y Los Hornos (todas de la región de La Plata) y llegó a casi el 20% del total de la población privada de libertad.
También se ampliaron los reclamos. Que -de acuerdo con los petitorios que elevaron a los directivos de los presidios- se puede resumir en este listado de pedidos: reducción de las prisiones preventivas; anulación de la llamada “Ley Blumberg” (que endurece las penas); reinstauración del 2×1 (computa doble los días con preventiva); suspensión de las reformas al Código Penal y puesta en marcha de una “mesa de diálogo” entre autoridades, legisladores y organizaciones civiles para avanzar sobre debates penales.
Algunos de esos planteos aparecen en la acordada de la Suprema Corte provincial. El instrumento del máximo órgano judicial se emite para pedir “una serie de medidas frente a la preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense”.
Coincide la decisión con una presentación que hizo además el defensor General de Casación Penal, Mario Coriolano, en el que exige medidas alternativas a la prisión para los casos de mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años. También hubo una decisión sobre ese punto: un protocolo para que los jueces busquen alternativas a la privación de la libertad en esos casos.
La disposición del Tribunal advierte por “la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”.
También sugiere en el escrito que el Ejecutivo avance con el “alojamiento de los detenidos en Unidades federales o de otras provincias, para el universo de población que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar, y siempre que se contare con la anuencia de los interesados”.
La Corte presidida por Eduardo De Lázzari instó al gobierno (con funcionarios que juraban casi al mismo tiempo que se conocía la acordada) a reunirse con el Tribunal para acordar políticas que permitan “superar las contingencias actuales”.
Otro punto en el que los cortesanos coinciden con el reclamo de los detenidos: “Exhortar al Poder Ejecutivo a constituir una mesa del diálogo integrada con los organismos estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicados a la protección de los derechos humanos y demás entidades o personalidades que se estime pertinente para un abordaje integral de la problemática referida a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad”, se lee en la resolución 3341/19.
En el ministerio de Justicia que ahora conduce Julio Alak dijeron que esperarían a “acomodarse en los despachos” para abordar el reclamo de los reclusos. Hasta este mediodía no se conocía el nombre del secretario de Políticas Penitenciarias o del futuro jefe del SPB.
EMJ
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