El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrenta este jueves un desafío histórico en el país. El Congreso debate un pedido de destitución, el primero contra
un mandatario en ejercicio en más de 50 años, por la supuesta violación de los derechos humanos durante la represión de las marchas que estallaron en octubre.
Desde las 10 de la mañana, Juan Domingo Acosta, el abogado del presidente presentó la defensa del mandatario ante la Cámara de Diputados, que más tarde se disponía a votar la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición. La última acusación contra un presidente en ejercicio data de 1956, cuando gobernaba Carlos Ibáñez del Campo.
La defensa de Piñera solicitó que antes de votarse las imputaciones que se le realizan, se vote la denominada “Cuestión Previa”, una herramienta que fuerza a los diputados a que se pronuncien primero respecto a si la acusación cumple o no con los requisitos formales para ser revisada.
A juicio del abogado Acosta, las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas, y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigados y que no han sido acreditados por los tribunales de justicia. En efecto, los acusadores se refieren a los ‘presuntos’ o ’posibles’ hechos, dando cuenta de la fragilidad de sus antecedentes y que todavía falta establecer la verdad judicial.
De hecho el texto de defensa, presentado el martes pasado, ya argumentaba sobre la inadmisibilidad del requerimiento. A juicio de los abogados, la acusación “no es admisible” porque no cumple el requisito de “ser de carácter excepcional”. Así, se señala que “utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”.
¿Cuáles son los escenarios?
De aprobarse la “Cuestión Previa”, la acusación constitucional se cae. De rechazarse, los diputados deberán referirse al fondo de la acusación y votar si la aprueban o la rechazan.
La aprobación implicaría que el presidente Piñera sea suspendido inmediatamente del ejercicio de sus funciones, a la espera del juicio político del Senado, el que debería pronunciarse sobre los 3 capítulos que se le imputan.
El miércoles, la comisión revisora sugirió, por tres votos a dos, acoger la acusación constitucional contra el dignatario. Sin embargo, dicha comisión se establece por sorteo, por lo que no es necesariamente representativa de los votos en el pleno.
En efecto, fuentes del oficialismo señalaron en el Congreso –ubicado en Valparaíso- a Clarín, que el último conteo les daría 2 votos de ventaja para aprobar la cuestión previa y evitar que la acusación prosiga.
Santiago de Chile, especial
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