Las definiciones del presidente Alberto Fernández referidas a la situación de la deuda pública volvieron a ser inquietantes, aunque ya se conociera la visión que tiene sobre este
tema, que reconoció como prioritario.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, insistió con una consigna: “Tenemos voluntad pero no recursos para hacer frente a las obligaciones”. Es una definición que bien podría interpretarse como la pretensión de marcar los límites dentro de los cuales debería transitar la discusión con los acreedores, con el FMI pero sobre todo con los bonistas, y en particular con quienes tienen papeles emitidos bajo legislación extranjera.
El flamante ministro de Economía, Martín Guzman, dejó entrever en diversas declaraciones que de mínima, quiere despejar los próximos dos o tres años de pagos de la deuda, tanto capital como intereses.
Quedará en los acreedores la tarea de buscar la intersección entre las necesidades del Gobierno y la tolerancia de los bonistas a cuánto tiempo esperar, cuánto resignar.
Fernández habló de una “relación constructiva” con los bonistas. Una manera elegante de pedir que no pidan demasiado. El Presidente insistió, de paso, en otra carta que se va a jugar en la negociación: dijo que los bonistas no evaluaron adecuadamente los riesgos de prestarle a la Argentina, un país que adoptó, a su juicio “un modelo que fracasa una y otra vez”. Es lo mismo que le dijo a los técnicos del FMI cuando aún estaba en campaña.
De todas maneras, entre los bonistas aceptan que deberán resignar algo (mucho o poco es lo que se discutirá) porque la opción del default liso y llano sería mucho peor.
En igual sentido, en el gobierno de Fernández seguro tendrán en cuenta que una oferta demasiado dura, para aliviar las cuentas fiscales, podría transformarse en un bumerán. Los bonos de legislación extranjera tienen cláusulas de acción colectiva: esto quiere decir que la oferta debe ser aceptada por un porcentaje estipulado de bonistas para que se pueda aplicar a todos los bonistas. Si la oferta es muy pobre, alcanzar esos consensos mínimos podría ser más difícil.
Y lo que la Argentina necesita no es solo despejar dudas sobre el pago de la deuda púbica, sino recuperar el acceso al mercado financiero, tanto para el Estado como para las empresas. Si no es así, se hará difícil cumplir con la consigna de “primero crecer para después pagar.”
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