Distintas asociaciones profesionales, entidades académicas y ONG’s presentaron una carta abierta dirigida a las nuevas autoridades nacionales planteando sus preocupaciones sobre la implementación de la Ley Nacional de
La norma establecía que para el 1° de enero de 2020 el sistema de atención de la salud mental debía haber pasado de hospitales “monovalentes” o “de especialidad” a una reconvertida “red de servicios con base en la comunidad”. En la Ciudad, un acuerdo en julio evitó el cierre de los neuropsiquiátricos monovalentes.
Ahora, de cara al cambio de Gobierno y ante el anuncio del presidente electo Alberto Fernández de que la Secretaría de Salud volverá a tener el rango de ministerio, entidades como la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social y asociaciones civiles como Xumek, Fundación EOS para la Infancia y Juventud y la Red Experiencia Santa Fe, entre otras, elevaron una extensa carta en la que enumeraron 12 puntos “instalar y aplicar eficazmente la Ley de Salud Mental”.
Entre las principales demandas, se cuentan justamente jerarquizar a la Dirección Nacional de Salud Mental dentro del organigrama del futuro Ministerio de Salud y, en ese marco, darle “impulso político” a la Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones, que piden que funcione bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete para “recuperar un poder que permita que los ejecutivos ministeriales asuman como propias las decisiones de la misma”.
Respecto de las políticas en salud mental, piden que presten especial atención a “sectores particularmente vulnerables: niños, niñas y adolescentes, infancias y adolescencias trans, mujeres y disidencias, y adultos mayores”. En el caso de niños, niñas y adolescentes, solicitan “desalentar la legislación por patologías” y piden que pueden acceder “a todos los dispositivos de salud sin la necesidad de un rótulo que, en definitiva los/as imposibilita”.
También piden que el PAMI revise el sistema prestacional que tiene en salud mental para ajustarlo “a estándares de calidad en la atención y el acceso” y que también estén bajo la órbita de la Dirección de Salud Mental la “prevención y tratamiento de los consumos problemáticos”.
En otro de los puntos requieren garantizar condiciones laborales de las y los trabajadores de Salud Mental, así como también “fomentar instancias de formación en prácticas interdisciplinarias e intersectoriales” y que se integren “las direcciones de los hospitales monovalentes al organigrama de los espacios ejecutivos de salud mental y adicciones”. Y, por último, avanzar progresivamente en el incremento de las partidas presupuestarias al área de salud mental hasta llegar al 10% del total asignado a Salud.
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