La Justicia hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por dos asociaciones civiles contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y suspendió la
disposición que autorizaba a un laboratorio la venta de Misoprostol para la interrupción del embarazo.
La medida cautelar, presentada por la Asociación para la Promoción de Derechos Civiles y la Asociación Civil Portal de Belén ante la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 11, buscaba que se declare la “nulidad absoluta e insanable” por inconstitucional del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal incisos 1º y 2º por violación al derecho a la vida.
En su fallo, Gilardi de Negre destacó que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las “precauciones y advertencias”, dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo una estricta observación de la dosis y régimen recomendados.
Además, “debe ser utilizado únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”.
En base a ello, la magistrada señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional –sin esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho constitucional que debe garantizarse”.
Así, “fundado en los riesgos para la salud de la gestante, que según se manifiesta la llevan a considerar más perjudicial la desestimación”, hizo lugar parcialmente al pedido de suspensión de la autorización de venta de Misoprostol, pero rechazó la suspensión cautelar del protocolo.
De acuerdo a la disposición del Ministerio de Salud, el Misoprostol presenta seguridad para uso ambulatorio con seguimiento médico sin riesgos para la gestante si se realiza durante el primer trimestre del embarazo; permite que la gestante con su médico habitual pueda decidir cómo y dónde llevar adelante la interrupción del embarazo de configurarse alguna de las causales de interrupción legal del embarazo (ILE) y no la obliga a concurrir al subsistema público de salud; y que –por ello- es necesario la disponibilidad del medicamento en una dosis de 200 mg en las farmacias.
El fallo completo
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