Las querellas y la fiscalía habían preparado extensos cuestionarios para realizarle a Cristina Kirchner en su indagatoria de este lunes: más de 150 preguntas. Ninguna logró formularse. La ex Presidenta se
defendió de las acusaciones en su contra, pero no aceptó que la interrogaran. ¿A dónde apuntaban la mayoría de los puntos? A la relación comercial con Lázaro Báez, cómo se hizo de una empresa constructora días previos a la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, cómo coexistía la administración por parte Báez de las empresas hoteleras de los Kirchner con su rol como contratista del Estado; cuál era la relación de Austral Construcciones con el Gobierno y los préstamos de la empresa a los ex Presidentes, entre otras tantas cuestiones.
“¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes”, dijo enfática Cristina cuando el Tribunal le consultó si iba a responder preguntas. La ex Presidenta ya había dejado el estrado sin esperar la pregunta de rigor que se hace en estos casos que es, justamente, si el acusado va a aceptar que lo interroguen. Regresó al lugar, no se sentó, tomó con sus manos el micrófono y desafió a los jueces.
Así concluyó la audiencia después de casi cuatro horas de una exposición signada por su tono político y por los argumentos técnico-jurídicos que eligió la electa vicepresidenta para desestimar las principales acusaciones en su contra.
Durante la instrucción, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta y a ex funcionarios como Julio De Vido, Nelson Periotti, José López, Carlos Kirchner, entre otros, como parte de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar contratos viales a favor de Lázaro Báez, procesado también en el expediente.
La desestimación de la electa vicepresidenta a estas acusaciones fue rotunda. Rechazó la existencia de un esquema de beneficios, “sin brindar explicaciones de cómo Lázaro Báez se convirtió en empresario gracias al Estado”, señaló una fuente judicial a Clarín. Cristina aclaró en su indagatoria que no es ni nunca fue amiga del empresario santacruceño, quien sólo se lo estaba condenando “por ser amigo de Kirchner”.
Este punto se habría clarificado si el fiscal de Diego Luciani y las querellas (OA y UIF ambas criticadas por Cristina), hubieran podido formular las más de 150 preguntas que estaban pensadas para “echar luz sobre puntos centrales de la causa”, explicaron a este medio fuentes oficiales.
Las preguntas que quería formular el fiscal como las querellas apuntaban al corazón del expediente: la relación, “no la amistad sino el vínculo comercial entre Báez y los Kirchner y los beneficios obtenidos”.
“¿Cómo explica la relación de Báez con Néstor Kirchner? ¿Cómo era la relación de Austral Construcciones con el Gobierno después de mayo de 2003?”. Con estos planteos, se buscaba desentrañar el origen de la constructora de Lázaro en coincidencia con la llegada de los Kirchner a la Casa Rosada. Antes, el empresario K trabajaba en el Banco Santa Cruz.
¿A dónde apunta la causa? Báez nunca había tenido negocios con el Estado hasta después de mayo de 2003. Austral Construcciones no existía operativa hasta entonces, él no venía del rubro de la construcción y, según la Justicia, desde el Gobierno se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” que lo convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”.
Al respecto, las partes acusadoras querían preguntar: en 2007 Austral ganó 20 contratos ¿Por qué no se controló la capacidad técnica de la empresa? ¿No le llamó la atención que siendo tan nueva en el rubro la empresa gane tantas licitaciones en pocos meses?
La ex Presidenta dijo que cuando Néstor Kirchner era gobernador se dedicó a hacer obra pública y que las firmas más contratadas eran Esuco de Carlos Wagner y Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Había una pregunta al respecto: Cuando llegó Austral, ¿estas empresas cuántos contratos ganaron?
La acusación dice que Néstor y Cristina Kirchner “erigieron al amigo presidencial en empresario”. Sobre este ítem había una serie de consultas. La primera apuntaba a los negocios realizados entre los Kirchner y el Grupo Austral: después de 2007 ¿por qué eligieron a Báez para hacer permutas de terrenos, venta de propiedades, firmar contratos de administración de hoteles y locación, contratos de explotación, donaciones, préstamos de la empresa? La consulta que continuaba podría considerarse retórica: “¿No quedó ningún negocio por firmar con Báez ni con sus empresas?”
Se podría decir que esto respondió a la confianza o a la amistad de Kirchner con el empresario K, pero las querellas y el fiscal van más allá: ¿No sabía usted mientras firmaban todos esos acuerdos comerciales que Lázaro Báez era contratista del Estado y que venía recibiendo contratos millonarios?
Después de 2010, según relató José López en la causa de los cuadernos, hubo un cambio en el manejo de la obra pública. “Era Cristina Kirchner quién revisaba los listados y decía a quién se le debía pagar primero y a quiénes no, Lázaro estaba entre los 5 empresarios a priorizar”, dijo. La pregunta que se iba a pronunciar inherente a este punto era si efectivamente funcionaba así y porqué en un año el empresario K recibió “dos contratos por 600 millones de pesos”. Esta obra sobre la Ruta 3 fue parte de la pericia ordenada por el TOF 2 y arrojó sobreprecios sobre un conjunto de obras de 200 millones de dólares, según los peritos oficiales.
No hubo lugar para las preguntas.
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