No será como ella lo había imaginado y previsto: la primera declaración de Cristina Kirchner en uno de los cuantiosos juicios orales por corrupción en su gobierno no podrá convertirse en
su debut mediático urbi et orbi para inaugurar formalmente su nuevo relato político.
El Tribunal Oral Federal 2, que la juzga por el direccionamiento de los millonarios contratos de obras viales en Santa Cruz hacia el emporio empresario de su ex socio Lázaro Báez, se negó al pedido de la ex presidenta e inminente vice para que su indagatoria sea transmitida en vivo. El desaire -según su singular interpretación- la enfureció, tal como ayer quedó claro en su cuenta de Twitter: “El TOF 2… El mismo que ahora deniega la transmisión en vivo de mi declaración como acusada, que no es otra cosa que mi principal acto de defensa, cuando impulsó y votó la transmisión en vivo de otros juicios orales”, estalló.
Semejante despecho -además de adulterar la realidad- podría responder a un traspié en su estrategia política, en la cual intenta envolver los duros datos del expediente que la tiene procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado que ella misma encabezaba.
Mientras que su eficiente abogado José Beraldi regó la causa de objeciones técnicas, pedidos de pruebas ajenas a la cuestión discutida en este caso y admoniciones sobre supuestas nulidades que harían caer todo el proceso, su defendida trabajó sobre un discurso paralelo: el de la supuesta persecución por parte de la justicia, los medios y el gobierno de Mauricio Macri. Un detalle: la causa “obra pública” fue iniciada por el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, que aportó los radiactivos expedientes de cada una de los 51 contratos adjudicados a Báez, atiborrados de irregularidades -más de la mitad inconclusos pero pagados sin chistar como a ningún otro proveedor, por ejemplo- y con números inexplicables.
A contramano de la tradición judicial para estos casos, el juez Julián Ercolini avanzó con la investigación y cerró la instrucción en sólo dos años. Nota al pie: Ercolini llegó a su puesto en el gobierno de Néstor Kirchner, impulsado por su jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La vendetta por la infidelidad de ese angel caído está pendiente.
El TOF 2 recolectó más pruebas aún. Como el peritaje oficial sobre cinco de los contratos de Báez, que certificó sobreprecios de 170 millones de dólares.
Nada importa. En esta y las demás causas en la que se la acusa de gravísimos delitos, Cristina respondió por escrito que sólo la perseguían. A medida que los expedientes iban creciendo, involucró a otras víctimas de ese supuesto acoso, y convirtió la persecución en conspiración: como ella, Lula da Silva, Rafael Correa y otros líderes pagaban en los tribunales la osadía de haber hecho felices a sus pueblos. El prototipo argumental se perfeccionó con el uso de una supuesta teoría de la “guerra jurídica”, el Lawfare, que se acomoda con facilidad a aquellas necesidades particulares. Hasta el Papa hizo un guiño en ese sentido. Dios lo perdone.
Aunque las urnas son mudas en los tribunales, el triunfo electoral es el as de espadas con que Cristina imagina liquidar el asunto: Si me votaron, todo esto es mentira. Así lo dirá este lunes desde el banquillo de los acusados. Aunque sólo la escuchen los jueces en cuyas manos está su destino.
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