El 16 de enero pasado dos sicarios emboscaron, balearon y mataron a Claudio Lorenzo Torres (43) cuando salía de su casa de la calle Laprida al 1700, en Río Cuarto, Córdoba.
Ocho balas calibre 9 milímetros y 11.25 le dieron de lleno. Torres no vivía en Córdoba y pocos sabían que ese dia visitaría a su familia.
El crimen, de claras características mafiosas, terminó por revelar la existencia de una organización narco -liderada por la víctima- que operaba en Rio Cuarto y lavaba el dinero principalmente a través de concesionarias de autos en la provincia de Buenos Aires.
En realidad, al momento del asesinato, la banda ya estaba siendo investigada por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. Y la muerte de Torres terminó por precipitar los tiempos de un expediente que se había encontrado con todo tipo de inconvenientes, entre ellos la complicidad de las fuerzas de seguridad.
“Debo señalar que miembros de Gendarmería Nacional primero, de la Policía de la Provincia de Córdoba luego y finalmente de la Policía Federal Argentina -quienes sucesivamente fueron sometidos a procesos penales-, se constituyeron en serios obstáculos para las investigaciones de este juzgado”, señaló el juez en junio cuando procesó a 20 integrantes de la banda, ocho de ellos con prisión preventiva.
Pese a los palos en la rueda, la causa logró avanzar con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Ochoa pudo llevar a la cárcel a tres de los hombres que compartían y se disputaban el poder con Torres dentro de la banda. El narco que -hasta ahora- faltaba en la lista de personajes importantes del expediente era Cristian Ortiz (42), a quien en su momento se lo señaló como posible autor intelectual del crimen de su jefe.
Por Ortiz se ofrecían 500 mil pesos de recompensa pero no cayó por alguna delación. Según el parte oficial, iba en una camioneta Toyota Hilux con dos hombres más cuando, en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, fue detenido en un control de rutina por una patrulla.
La versión oficial sostiene que Ortiz se puso nervioso, que el DNI falso que portaba era demasiado malo, que la camioneta era una “melliza” (y esto dio la primera alerta) y que intentó coimear a los policías con 150.000 pesos pero estos se negaron.
Lo cierto es que el jueves quedó detenido y fue puesto a disposición del juzgado de Ochoa, donde se lo indagará como uno de los principales integrantes de una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.
Durante los operativos realizados por la PSA se secuestraron seis millones de pesos, 42 autos de alta gama, ocho motos y un cuatriciclo. Tambien se trabo embargos sobre bienes por valor de 27 millones de pesos.
Yerba mala
La hipótesis con la que se trabaja en el juzgado federal de Río Cuarto es que la organización que hasta su asesinato lideró Claudio Torres compraba directamente en origen: la cocaína en Bolivia y la marihuana en Paraguay.
Una vez que los cargamentos entraban al pais eran llevados por tierra a Cordoba, desde donde se distribuían a distintos puntos del pais.
Entre las acusaciones que pesan sobre Ortiz esta el ser responsable (junto al difunto Torres) de 3500 kilos de marihuana secuestrados el 17 de septiembre de 2017 en el municipio de Sauce de Luna, en la provincia de Entre Ríos.
La droga fue incautada por el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, pero las escuchas de ese expediente demostraron -vía pericia fonética- que la marihuana pertenecía a la banda de Rio Cuarto y hacia esa ciudad viajaba cuando la interceptó la Policía.
Por eso Ortiz sera ahora indagado por ese cargamento. Y a ese cargo se suman los de lavado de dinero del narcotráfico, que ya tiene casi toda la banda procesada, incluso su esposa, Gabriela Sueli Suarez, detenida por la PSA en junio pasado.
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